Aunque el feminicidio de Dafne Zapata ocurrió en una academia militarizada, el caso refleja que las escuelas particulares son poco supervisadas en general, señaló la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI).
La asociación indicó que las autoridades locales no cuentan con mecanismos para detectar colegios que operan sin autorización o sin cumplir las normativas educativas, por lo que demandó reforzar y extender la regulación a todos los planteles privados.
Tras la muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años, en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se deslindaron de la responsabilidad de regular los colegios militarizados y señalaron que no están permitidos en ninguna normativa.
Por eso, la SEP ordenó a las autoridades educativas estatales cerrar las escuelas que funcionen bajo esa modalidad antes del próximo ciclo escolar, que inicia el 31 de agosto.
Sin embargo, la ODI apuntó que esto evidencia una descoordinación entre dependencias para regular las escuelas privadas.
"No existe una coordinación adecuada entre la SEP, las autoridades educativas locales y otras autoridades administrativas, como Profeco, que deben intervenir para detectar irregularidades en escuelas particulares", explicó en un posicionamiento.
"Entonces, ¿quién protege a las niñeces y adolescencias de todo tipo de violencias en establecimientos privados que ofrecen servicios educativos u otro tipo de servicios recreativos o extraescolares?", agregó.
La Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia demandó revisar y, en su caso, reformar los mecanismos de supervisión de las escuelas privadas y los mecanismos de detección, así como medidas urgentes o cautelares y de sanción para aquellos establecimientos que, sin estar autorizados, se ostentan como escuelas.
"Hacemos un llamado a las autoridades del Estado mexicano para generar mecanismos de coordinación para la prevención y detección de irregularidades, así como de supervisión efectiva a establecimientos privados que prestan servicios educativos o extraescolares", añadió.
