Esa demanda se acompañó, además, de una solicitud formal que las autoridades mexicanas hicieron a través del Departamento de Estado para que se abran investigaciones sobre las muertes de los mexicanos y se informen los avances.
Además, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó el 13 de julio otras ocho denuncias ante fiscalías estatales y 12 adicionales en las fiscalías de condado de los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, donde se registraron las defunciones.
Lazzeri también sostuvo reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE para hablar de las preocupaciones de México sobre las condiciones de los centros de detención, incluidos los privados, y solicitó el esclarecimiento de cada caso.
Adicionalmente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, envió una carta la semana pasada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que recabe información sobre los casos a través de solicitudes de aclaración a Estados Unidos.
México optó por las acciones jurídicas después de enviar notas diplomáticas a Estados Unidos por las muertes de los connacionales, sin que eso diera algún resultado. Ante otro fallecimiento más, el del mexicano Lorenzo Salgado, baleado por el ICE a principios de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió fortalecer las medidas de defensa a través de la vía penal.