La acusación sostiene que ambos participaron en una conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y utilizar, portar y poseer armas de fuego, incluidas ametralladoras y artefactos destructivos, durante la comisión de delitos relacionados con el narcotráfico. De ser encontrados culpables, enfrentan una pena máxima de cadena perpetua.
Según el Departamento de Justicia, Cárteles Unidos, con base en Michoacán, es uno de los mayores productores de metanfetamina del mundo, con capacidad para fabricar varias toneladas cada mes. La organización mantiene una red de distribución con presencia en ciudades estadounidenses como Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver y Chicago, además de operar en Europa, Australia y otras regiones.
Las autoridades recordaron que el 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (Specially Designated Global Terrorist, SDGT). Posteriormente, en agosto de 2025, el Departamento de Justicia presentó cargos contra varios integrantes de la estructura de mando del grupo, incluido Juan José Farías Álvarez, como parte de una estrategia para desmantelar la organización.
El fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva, señaló que la nueva acusación demuestra el esfuerzo sistemático del gobierno estadounidense para debilitar a los cárteles mexicanos mediante acciones dirigidas contra sus estructuras de mando y los familiares más cercanos de sus líderes.
Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Este de Tennessee, Francis M. Hamilton III, explicó que la investigación comenzó tras el aseguramiento de un cargamento de metanfetamina en una comunidad cercana a Knoxville, Tennessee, y posteriormente derivó en el decomiso de más de 950 kilogramos de metanfetamina y fentanilo en las inmediaciones de Atlanta. Añadió que las pesquisas involucraron la colaboración de agencias federales, estatales y locales de Estados Unidos.
El director ejecutivo interino adjunto de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), John Condon, afirmó que la acusación refleja los esfuerzos de esa agencia para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y perseguir a sus líderes y redes de apoyo.
La investigación está a cargo de Homeland Security Investigations (HSI). El caso será procesado por fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Activos de la División Criminal del Departamento de Justicia y por la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Tennessee.
El Departamento de Justicia precisó que la acusación forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), creada para coordinar acciones interinstitucionales contra cárteles, organizaciones criminales transnacionales, pandillas y redes de tráfico de personas.
Como ocurre en el sistema judicial estadounidense, el Departamento de Justicia recordó que una acusación formal constituye únicamente una imputación y que los acusados son considerados inocentes hasta que su culpabilidad sea demostrada ante un tribunal.
