La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a una jueza de proteger de forma ''escandalosa'' al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien es acusado por desvíos millonarios cuando estuvo al frente de Michoacán.
La autoridad señaló que la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, ordenó la comparecencia de Aureoles para el 9 de mayo pasado, sin embargo, el exmandatario no se presentó en el juzgado.
Tras la inasistencia, el Ministerio Público solicitó que Vargas Alarcón informara sobre lo ocurrido, pero ella ya ''había dejado por comparecido'' a Aureoles.
''Y, alegando lo anterior, le dio una nueva audiencia, evidentemente parcial y dilatoria, para dentro de tres meses, violando el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que la misma debe celebrarse en un lapso de 15 días posteriores'', señaló la FGR.
La autoridad reclamó que tras la no asistencia del exgobernador de Michoacán se le debió de ratificar la orden de aprehensión vigente, ''que las autoridades judiciales han suspendido ilegalmente, brindándole una protección que es notoriamente parcial e injusta''.
''En razón de lo anterior, se presentará de inmediato la denuncia penal correspondiente contra la jueza, independientemente de la queja procesal que se iniciará a la brevedad'', dijo la Fiscalía.
El 3 de marzo de 2025, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que Silvano Aureoles es acusado por el delito de peculado por 3,400 millones de pesos.
Además se le acusa de haber ocasionado un desfalco de más de 30,000 millones de pesos al erario federal, de acuerdo con las fiscalizaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender al exgobernador por presuntamente contratar con sobreprecios de 5,186 millones de pesos el arrendamiento y la construcción de cuarteles de la Policía estatal.
El exsenador Antonio García Conejo, hermano del exgobernador de Michoacán, asegura que la polémica se trata de una “persecución política”, ya que desde hace cuatro años el exmandatario estatal ha sido objeto de acusaciones sin pruebas.
