La baja inversión en infraestructura pública impacta en salud, educación y otros derechos

A principios de febrero, la mandataria lanzó una estrategia para incrementar en 5.6 billones de pesos la inversión en infraestructura pública durante su sexenio.

En ese sentido, en esta semana presentó una iniciativa de ley para abrir a las empresas la participación en obras públicas estratégicas y para ello propone cambios en los modelos de financiamiento para que el Estado, la iniciativa privada y el sector social puedan financiar y construir obras a largo plazo.

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Son pasos significativos, pero el reto es enorme, ya que México tiene años con una baja inversión pública.

En 1981, el gasto en infraestructura representó 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y desde entonces, no ha alcanzado el mismo nivel, de acuerdo con el informe de Oxfam Oligarquía o democracia.

Aunque del 2021 a 2024 se han registrado aumentos en el gasto, la inversión pública, sigue por debajo de aquellos años con 4% del PIB.

“Estamos en una situación peor a la que teníamos hace 45 años en términos de inversión pública”, explica Efrén Pérez, gerente de Gestión del Conocimiento en Oxfam México.

Los efectos de esta tendencia son graves, ya que la inversión pública es uno de los motores del crecimiento económico y la vía para que el Estado garantice derechos como la educación, salud y la seguridad social, así como servicios de cuidados, transporte, electricidad y el agua.

Según explica Pérez, la caída en el gasto para infraestructura se debe a una disponibilidad de recursos públicos limitados a lo que se suman factores externos como la inseguridad y la percepción de incertidumbre jurídica. Todo ello ha obstaculizado la inversión.

Sin embargo, asegura que el país mantiene atractivo para atraer capitales extranjeros por su cercanía con Estados Unidos.

El deterioro de la salud y educación

Hasta ahora, el poco dinero que destina a este rubro no se invierte en proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas.

Esto eclipsa otros logros, como los beneficios derivados del aumento al salario mínimo, que se había mantenido estancado por más de 20 años, pero en 2018 se impulsó una mejora a este ingreso que, según datos del gobierno, contribuyó a la disminución de la pobreza.

Sin embargo, estos logros de diluyen por la falta de servicios básicos: si las personas no tienen acceso a salud o a escuelas públicas dignas, ¿en qué gastan su dinero? En suplir las carencias en los bienes y servicios que debería proveer el Estado, plantea el experto.

De tal manera que el ingreso extra no les permite mejorar su calidad de vida.

“Lo que se gana extra por el aumento del salario mínimo se dedica a pagar servicios de salud o colegiaturas en escuelas privadas o a algún seguro temporal porque no tengo acceso a seguridad social”, explica.

El deterioro de nuestro sistema de salud no es una casualidad, indica, no tiene que ver solamente con casos de corrupción o con malos manejos de recursos, sino con que, para un país de 130 millones de habitantes, necesitamos invertir más en hospitales, clínicas, y eso no se está haciendo desde hace varias décadas.

Otro efecto de la baja inversión pública es la falta de un sistema nacional de cuidados. Las personas pagan por guarderías, casas de día o servicios para población con discapacidad.

Si no pueden, entonces las mujeres sacrifican oportunidades laborales, tiempo o estudios para cubrir el trabajo de cuidados.

“A falta de inversión pública, vemos efectos negativos en los ingresos de las personas o en el tiempo de las personas”, explica.

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Invertir en derechos, no en megaproyectos

A pesar del incremento en inversión pública en el sexenio pasado, la mayoría de los recursos se usaron en los megaproyectos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas o el Tren Interoceánico.

Sin embargo, expone Pérez, estas grandes obras han demostrado que no tienen efectos duraderos sociales ni de empleo.

Por eso, aunque aplaude las iniciativas de Sheinbaum, urge a vigilar a qué proyectos se destinarán los recursos.

“Es una medida que va en la dirección correcta”, opina el especialista de Oxfam sobre las iniciativas presidenciales.

Sin embargo, considera que incluso con el aumento que plantea la presidenta, aún no se llegaría a los niveles de 1981. "Todavía falta mucho camino por recorrer”, señala.

Del plan federal para incrementar la inversión en 5.6 billones de pesos de aquí a 2030, el gobierno federal plantea dedicar solo el 6% de ese monto a proyectos de salud, casi 3% a obras de agua y apenas 0.34% a educación.

Esto a pesar de que cuatro de cada 10 escuelas del país carecen todavía de algún servicio básico y hasta 2024 había unas 3,400 unidades médicas sin agua potable a nivel nacional.

Además, Sheinbaum apuesta por la inversión mixta, es decir, en alianza con el sector privado. Al respecto, el especialista de Oxfam considera que el Estado debe regular la inversión para garantizar que desemboque en proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas.

"No es que sea negativo que los grandes empresarios del país participen en mesas de coordinación de la inversión con la presidenta, pero la inversión debe ser social y productiva para territorios y no simplemente inversión que favorezca la concentración de riqueza en unos pocos”, explica.