Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey, fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones en contra del senador Waldo Fernández, tras permanecer detenida casi una semana.
La resolución judicial se dio tras una denuncia presentada por Fernández, quien aseguró que Barrón Perales lo involucró en una serie de acusaciones falsas durante la contienda electoral de 2024, cuando ella también aspiraba al Senado.
Horas antes de la vinculación a proceso, la funcionaria priista ofreció disculpas públicamente al senador. En su mensaje, expresó que lamentaba profundamente las consecuencias que el incidente había generado, tanto en su vida personal como en la de Fernández, pero no asumió responsabilidad alguna sobre las acusaciones que se le imputan.
“Considero importante expresar de manera personal una disculpa pública a quienes pudieron haberse sentido afectados por esta situación. Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno”, señaló en el documento.
Barrón Perales aclaró que no todas las versiones difundidas sobre el caso reflejaban la realidad y aseguró estar dispuesta a colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos.
El caso se remonta al 1 de marzo, cuando Barrón Perales fue detenida en San Nicolás de los Garza por autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras ser acusada de falsificar una denuncia de acoso y violación en contra del senador Fernández, presentada por una mujer que, según la denuncia del legislador, recibió un millón de pesos para interponer los cargos.
Tras una investigación de más de un año, un juez de Distrito vinculó a proceso a Barrón Perales, junto con Débora Velasco, la mujer que presentó la denuncia, y Gustavo García, el abogado que la representó. Velasco y Barrón Perales fueron internadas en el penal femenil, mientras que García fue trasladado al penal de Apodaca.
El 26 de marzo, se celebrará la audiencia para la reparación del daño, en la que Fernández afirmó que su nombre fue limpiado y expresó que su intención no era que las personas involucradas en el caso permanecieran en prisión, sino que lo importante era que se hubiera probado su inocencia.
Asimismo, destacó que dejaba el asunto en manos de sus abogados para que buscaran un acuerdo reparador.
Por otro lado, Fernández presentó una iniciativa en el Senado para reformar el artículo 41 de la Constitución. El objetivo es penalizar las "guerras sucias" durante las campañas electorales y que, en caso de que se comprueben tales prácticas, los responsables queden inhabilitados de manera permanente para ocupar cualquier cargo público.
Nadie debería pasar 18 meses peleando contra una mentira fabricada para destruir a su familia. Mi caso es la prueba de cómo la guerra sucia y la inoperancia de la Fiscalía se vuelven cómplices para manchar nombres sin pruebas. Por eso, presento una iniciativa de ley para que… pic.twitter.com/4jMwcgipmg
— Waldo Fernández (@FdzWaldo) March 4, 2026
