Operación Enjambre: la estrategia del gobierno mexicano que sirvió para atrapar a Diego Rivera

Qué es el Operativo Enjambre y cómo se estructura su despliegue

Bajo el nombre de Operativo Enjambre se agrupa una estrategia de coordinación entre autoridades federales y estatales para ejecutar órdenes de aprehensión contra servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas. La operación se diseñó para actuar de manera simultánea en distintos municipios, con el fin de evitar filtraciones internas y reducir la posibilidad de que los investigados evadan la acción de la justicia.

En la conducción del operativo participan la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que se integra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Desde ese frente se articulan las investigaciones, se concentran los expedientes y se definen los momentos de intervención.

Para los despliegues en campo se movilizan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, corporaciones estatales y personal del Centro Nacional de Inteligencia. La lógica del operativo consiste en intervenir de forma coordinada en varios puntos al mismo tiempo, con órdenes judiciales ya libradas, para cerrar el paso a redes que operan desde el interior de gobiernos municipales y corporaciones de seguridad.

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El inicio y qué detonó su implementación

La activación formal ocurrió el 22 de noviembre de 2024 por la mañana. Detrás de ese arranque hubo meses de trabajo previo, marcado por investigaciones que comenzaron tras el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero.

A partir de ese hecho, las autoridades comenzaron a reconstruir rutas de protección institucional que habrían permitido la operación de grupos delictivos en distintas regiones del Estado de México. El seguimiento de esas líneas llevó a identificar a funcionarios municipales y mandos de seguridad presuntamente involucrados en delitos de alto impacto.

Con esos elementos, el operativo se diseñó como una serie de intervenciones planeadas para ejecutarse en un mismo periodo, con el propósito de evitar alertas internas. Desde entonces, las acciones se han extendido a diversos municipios, con operativos que responden a investigaciones previas y órdenes de aprehensión ya emitidas por autoridades judiciales.

Cuál es el objetivo central del Operativo Enjambre

Desde la óptica de las autoridades, el foco no se limita a las estructuras criminales que operan en las calles, sino a los engranajes institucionales que permiten su permanencia en determinados territorios. El operativo se orienta a desarticular las cadenas de protección dentro de gobiernos municipales y áreas de seguridad que, de acuerdo con las investigaciones, facilitan la operación de grupos delictivos.

Por ese motivo, las acciones se dirigen a mandos de seguridad, responsables de áreas estratégicas en ayuntamientos y figuras con capacidad de decisión dentro de las administraciones locales. El objetivo no es solo ejecutar capturas, sino intervenir puntos de control desde los que se filtra información, se omiten operativos o se toleran actividades ilícitas.

Qué resultados ha dejado

En su primera jornada logró ejecutar siete de las 14 órdenes de aprehensión emitidas en la fase inicial. Dos semanas después, el número de detenidos alcanzó a 24 personas en 11 municipios del Estado de México, lo que dio cuenta de la dimensión del despliegue.

Entre los perfiles capturados se encuentran una presidenta municipal en Amanalco, un presidente honorario del DIF, ocho directores de seguridad pública, cuatro mandos y 10 elementos de corporaciones policiales. El municipio de Nicolás Romero concentró el mayor número de detenciones, con 11 servidores públicos aprehendidos durante los operativos.

Dentro de los casos documentados se reportó que el director de seguridad de Texcaltitlán se suicidó tras su detención. Las investigaciones que dieron pie a estas capturas incluyen delitos como homicidio, secuestro exprés y extorsión, de acuerdo con los procesos judiciales iniciados en 2024 y 2025.