El decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte fue publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2018 y se ha modificado varias veces desde entonces; en 2024 se decretó que estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.
Este decreto beneficia a empresas y personas físicas de 46 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Los beneficios son la reducción del IVA del 16% al 8% y el ISR de 30% que se aplica sobre las utilidades de las empresas, a 20%.
También se prevé un crédito fiscal del 50% de la tasa de IVA y otros beneficios en ISR para contribuyentes establecidos en esa región si tienen cuando menos 18 meses de operación y están en el padrón de beneficiarios del estímulo.
El objetivo de esos beneficios es alentar la inversión y la competitividad.
También está el “decreto de estímulos fiscales región fronteriza sur”, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2020 y con vigencia hasta 2025.
Este contempla beneficios para 24 municipios ubicados en los municipios de cuatro entidades: Quintana Roo, Chiapas Campeche y Tabasco.
Entre otros estímulos está un crédito equivalente al 50% de la tasa del IVA, tanto a personas físicas como personas morales que realicen en los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza sur, la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
Otro decreto a punto de concluir vigencia es el que fija estímulos fiscales en materia del IEPS aplicables a los combustibles y es variable según los octanos de las gasolinas y el tipo de combustibles.
Estos beneficios son para personas que realicen actividades empresariales y que importen o adquieran diésel para su consumo final, con la condición de que se utilice solo como combustible en maquinaria en general y a vehículos marinos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Un estímulo fiscal adicional también es para contribuyentes que importen o adquieran diésel o biodiésel y sus mezclas para su consumo final y para uso automotriz en vehículos que se destinen al transporte público y privado, de personas o de carga, así como el turístico.
Ese apoyo busca proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas ante los incrementos en precios internacionales de combustibles y el tipo de cambio.
Por último está el decreto que fija estímulos fiscales como la reducción en el pago de IEPS a la venta de gasolinas y diésel en municipios específicos de la frontera sur de México (Campeche, Tabasco y Chiapas).
El fin de ese acuerdo es “igualar precios” con los de Estados Unidos, fomentar la economía local y la creación de empleos.
Demandas del empresariado
Al asumir el gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció que continuarán los incentivos económicos en las franjas fronterizas.
Sin embargo están por vencer los seis decretos mencionados y no se ha decidido su continuidad, lo que preocupa al sector empresarial.
El pasado 15 de diciembre, representantes empresariales, académicos y representantes de los gobiernos de la frontera norte se reunieron con diputados federales de todos los partidos y pidieron a éstos promover la inmediata extensión de los estímulos.
Todos los legisladores, incluidos de los de Morena, respaldaron la petición al reconocer que el pago de impuestos a tasas diferenciadas para la frontera ha sido un motor que mueve la economía en las entidades vecinas de Estados Unidos.
Sin embargo, ya en la ciudad de México Morena no aceptó suscribir el exhorto, por lo que sólo fue presentado por Acción Nacional (PAN) ante la Comisión Permanente del Congreso.
“Sí hubo acuerdo, por eso mi sorpresa. En la Comisión de Hacienda el grupo de trabajo de régimen fiscal en zonas fronterizas se reunió en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Tijuana, se escucharon las voces del sector empresarial, de la academia, de la investigación y prácticamente hubo coincidencia.
“Pero a la hora de materializarlo para su presentación aquí en Cámara, pues ya no hubo esa misma intención y por eso solamente lo suscribe a Acción Nacional, porque somos congruentes con la palabra empeñada con el sector empresarial y las familias de Baja California”, explicó la legisladora panista.
Recordó que las empresas deben realizar su planeación financiera con tiempo y para ello deben considerar el régimen fiscal vigente, por lo que no tener la seguridad de la prórroga e incluso la eventual cancelación de esos estímulos genera incertidumbre económica y daña la confianza.
“Esos decretos concluirán su vigencia este 31 de diciembre de 2025 y eso genera un escenario de incertidumbre para miles de contribuyentes, empresas, trabajadores y consumidores”, destacó.
La legisladora Vásquez Hernández reconoció que aún es probable que la presidenta publique los decretos respectivos sólo como una decisión presidencial y no parte de un acuerdo de todas las bancadas en el Congreso, y aún así lo vio positivo.
“No compartimos de ninguna manera esa forma de hacer política donde si no sale de presidencia que pareciera que no es posible.. Sin embargo, este tema nació de las voces de todo el sector empresarial y bueno, lo importante es que se tomen cartas en el asunto y que a la brevedad prorroguen los decretos”, planteó la legisladora.
