¿En qué consiste la Ley de Aguas Nacionales y por qué genera protestas y bloqueos?

La primera versión de la Ley de Aguas de Sheinbaum

A inicios de octubre de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales, con la intención de cambiar la regulación de las concesiones de agua y no sean utilizadas para fines no autorizados.

De acuerdo con esta versión, se crearía el Registro Nacional del Agua con herramientas para controlar y transparentar el régimen de concesiones y asignaciones de este recurso. Además, también se agregó el término “responsabilidad hídrica” para una gestión responsable y las buenas prácticas de la autoridad del agua, los concesionarios, permisionarios y usuarios en general para mejorar el manejo, explotación y reúso de aguas nacionales.

Con ello, se incrementaron sanciones con multas entre 20,000 y 50,000 Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en moneda nacional es de 2 a 5 millones de pesos; a quienes cambien el uso del agua para el cual fue concesionada, transmitan los títulos de concesión los permisos y, a quienes cedan, suministren, intercambien por pagos (sea en especie) por el uso parcial o total del agua.

Otros detalles de la propuesta es la creación de un fondo de reserva de aguas nacionales para la reasignación de volúmenes de agua y recuperar el uso de aguas residuales.

La propuesta se realizó con una consulta en 13 foros en las que se escuchó a “diferentes sectores”, con fin de acabar con el “mercado negro” en las que el agua se encuentran sobreconcesionadas.

Mauricio Rodríguez Alonso, subdirector general de Administración del Agua, informó que tras un análisis de 482,014 títulos de concesiones se encontraron 58,938 inconsistencias, varias de presunta falsificación o de uso diferente del agua a la actividad permitida.

Como tal, la mandataria señaló que esta estrategia era para “poner orden y dejar de ver al agua como mercancía” cuando es un recurso escaso y el Estado es quien tiene la facultad de otorgar las concesiones.

Agricultores rechazaron la propuesta porque ser regresivo

Tras el anuncio, población del sector agropecuario y agricultor mostró su descontento con la ley, debido a que prohíbe la transmisión de concesiones de agua y crea incertidumbre en el patrimonio, debido a que las tierras, por sí solas, pierden su valor sin el permiso de uso del recurso hídrico.

Ya sea por venta entre particulares o por herencias, estas transmisiones sostenían la producción de generación en generación.

Para Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, la propuesta afecta los derechos de los agricultores bajo el argumento de que existe corrupción al otorgar concesiones.

“La ley es regresiva, en vez de incrementar derechos de parte de los usuarios del agua, en este caso, retrocede y sanciona sobre el pretexto de que hay demasiada corrupción en el manejo del agua.

Después, la presidenta rechazó que las modificaciones a la Ley de Agua Nacionales prohíba heredar las concesiones, sino que es para poner fin al acaparamiento que inició en 1992.

“Ahora están queriendo decir que un ejidatario no va a poder cederle, si tiene un pozo en su parcela, esa agua a sus hijos, falso. Claro que se puede hacer, pero lo que ya no es ese acaparamiento”, planteó.

Explicó que poner fin a las ventas de concesiones responde a que los titulares reciben un beneficio por un recurso del cual no pagaron inicialmente porque estaba bajo un uso de riego.

No obstante, los campesinos realizaron bloqueos en varios estados en rechazo.

Puntos clave y controversiales

Concesiones y transmisiones de derechos: Nuevo mecanismo de “reagisnación” de los permisos generan dudas entre productores y temor a perder certidumbre sobre el uso de agua en sus tierras.

Más facultades de la autoridad: Las dependencias podrán reducir o cancelar volúmenes concesionados en contextos de baja disponibilidad, situación que preocupa para mantener los cultivos.

Combate al “mercado negro” del agua: Frenar la compraventa irregular de títulos de concesiones y fortalecer el control del uso del agua y para qué.

Reconocimiento de sistemas comunitarios: Reglas específicas para sistemas administrados por comunidades campesinas y afromexicanas.

Nuevas sanciones y responsabilidades: Endurecimiento de penas por extracción ilegal, desvíos o contaminación, y el nuevo concepto de “responsabilidad hídrica” para buenas prácticas.

Señalamiento de “centralismo” y falta de consulta”: La oposición argumentó que no se consultó de forma adecuada a comunidades indígenas ni al sector productivo.

Los cambios y su aprobación

Después de múltiples manifestaciones y protestas de la comunidad agrícola, campesina y hasta transportistas, los legisladores de Morena y aliados realizaron 50 modificaciones, entre ellas la separación del binomio tierra-agua, así como la herencia de las propiedades.

La Cámara de Diputados avaló la ley el 4 de diciembre tras 24 horas de discusión y remitió la minuta al Senado para su aprobación, concedida poco después. En ambas votaciones, con una gran diferencia de votos en contra.

A pesar de las manifestaciones, la secretaria de Gobernación resaltó que varias organizaciones celebraron la aprobación de esta iniciativa y se mantendrán mesas de diálogo con productores y campesinos para despejar dudas.

Por otro lado, hay señalamientos de que no se cuentan con más recursos para llevar a cabo las nuevas funciones en el sector hídrico.

“Hay una debilidad: no hay recursos suficientes para el sector hídrico para poder cumplir con las metas que establecen tanto el Plan Nacional Hídrico como las necesidades que tiene en infraestructura el país”, comentó Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Aguas con Expansión Política.

Con información de Yared de la Rosa y Lidia Arista