La misión encargada de observar la elección de junio pasado, encabezada por el excanciller de Chile Heraldo Muñoz Valenzuela, elaboró un informe en el que concluyó que no es recomendable para otros países de la región implementar una elección por voto ciudadano para cargos del Poder Judicial.
“La misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique para otros países de la región”, planteó la OEA.
La OEA manifestó su preocupación por la “baja” participación en la elección, pues fue de 13%, además resaltó que hubo un alto porcentaje de votos nulos y no marcados durante la jornada electoral.
Entre los hallazgos de la OEA, planteó que, pese al descontento con el Poder Judicial, el voto popular no era la solución idónea para abordar las problemáticas que se buscaban solucionar, pues cuestionó la idoneidad de los perfiles de los aspirantes, debido a que –alertó– no se aplicaron exámenes estandarizados.
“La falta de estabilidad en el cargo podría afectar el accionar independiente de los operadores de justicia y la necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado y no con base en criterios jurídicos”, planteó la organización.
La misión recomendó entonces a las autoridades fortalecer todas las etapas del proceso, “corregir las deficiencias actuales y garantizar la sostenibilidad de las soluciones adoptadas”.
Ese informe fue el detonante para que la presidenta Sheinbaum le respondiera, pero también para que se enviara una nota diplomática.
En un evento en Morelos, la presidenta pidió que no opinara sobre un hecho que solo corresponde a los mexicanos.
“Que la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos lo que significa la profunda reforma al Poder Judicial en nuestro país. La propia OEA tiene entre sus estatutos, la Organización de Estados Americanos, que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido los pueblos, las naciones. Y México, de manera soberana, decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia”, dijo la presidenta.
Además de la sugerencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la OEA para manifestar su desacuerdo con el informe de la elección judicial.
“La Misión de Observación Electoral de la OEA rebasó el mandato de la misma e incurrió en acciones contrarias a los principios de la Carta de la Organización, en particular el Artículo 3 (e) que señala: ‘Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga’”, dice la nota.
Además, se planteó que la misión no tiene la facultad para “tratar de imponer sus propios criterios sobre la forma en que los países, en uso de su soberanía, deben conformar su poder judicial”.
Para representar a México ante esa instancia, la presidenta nombró a Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.
“Es un gran compañero, Alejandro. Y le pregunté si ‘¿le gustaría?’ Me dijo que ‘sí’. Y lo nombramos”, dijo sobre su designación.