En su informe de un año meses de gestión, Batres Guadarrama hizo un recuento de las decisiones que le tocó tomar desde la SCJN y destacó la austeridad de su ponencia, pues de inicio no aceptó más percepciones que las que recibe el jefe del Ejecutivo Federal.
Así dijo haber devuelto 1.5 millones de pesos en efectivo y no haber recibido prestaciones por tres millones de pesos correspondientes a seguro de gastos médicos mayores, pago de riesgo, pago de medicamentos.
Reportó haber ahorrado al erario 4.7 millones de pesos en total y el equipo a su cargo también ha más de 14 millones, en total poco más de 18 millones de pesos.
Además de las dos camionetas que recibieron cada ministro “devolví una y no he utilizado un solo peso en viáticos”, ni requirió apoyo del área de protocolo ni becas para su personal.
En el informe, en el Museo de la Ciudad de México, acudieron su familia: su padre Cuauhtémoc Batres y hermanos Valentina y Martí, el presidente electo de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, la ministra electa Estela Ríos, diputados, senadores, alcaldes de la ciudad de México, regidores, todos emanados de Morena o aliados, además de magistrados del Tribunal Superior de Justicia Federal y de la ciudad.
Adiós a justicia neoliberal
Ahí aseguró que “este Poder Judicial, el de la era neoliberal, avaló el anatocismo durante la crisis económica más brutal que hayamos vivido las y los mexicanos. Aprobó la destrucción del sistema solidario de pensiones, dijo.
“Avaló una tras otra las privatizaciones de las empresas públicas, de los bienes nacionales, de la propiedad social, validó los grandes fraudes electorales que retrasaron el proceso de democratización en México”, agregó.
Además, dijo, el Poder Judicial que concluye “aceptó los montajes durante la guerra contra las drogas, permitió el incremento de los salarios mínimos por debajo de la inflación eternizando la pobreza de millones de personas. Encubrió a los responsables el crimen más espantoso que hayamos visto con para niñas y niños, víctimas de la privatización de la Seguridad Social, el de la guardería ABC”, relató entre otros asuntos negativos que, dijo, hicieron que la justicia no sirviera al pueblo.
Según dijo, el periodo que termina el 31 de este mes es el de un poder judicial “comprometido con un proyecto desnacionalizante, faccioso, elitista, ciego ante la de injusticia social y autocomplaciente ante su desbordada corrupción, nepotismo, tráfico de influencias” e hizo un recuento de las decisiones que ella promovió para oponerse a ese tipo de decisiones.
Además lamentó que la segunda sala decidió resolver favorablemente “una de las múltiples solicitudes de Ricardo Salinas Pliego” para declararla impedida y rechazar el proyecto que proponía obligarlo a pagar impuestos.
Con esa decisión “ministras y ministros violaron los precedentes de ambas salas de la Corte sobre el respeto que merecen la libertad de opiniones”, dijo.
La ministra, quien cerró un periodo pero al resultar electa en las pasadas elecciones judiciales seguirá como integrante dela nueva SCJN, expuso que empieza un nuevo periodo con un Poder Judicial cercano a la gente, por lo que convocó a iniciar un "plan nacional de justicia" que reúna a la Fiscalía de la república, al Congreso, a las Fiscalías de los estados y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los poderes judiciales locales.
La idea es generar un plan nacional de justicia: "la gente quiere que funcione el Ministerio Público y quiere que funcione coordinadamente con los juzgados federales, locales y federales de nuestro país. La gente quiere y necesita que funcionen las Defensorías Públicas locales y federales y también también debemos invitarlas para coordinar nuestros esfuerzos en un solo ánimo por la justicia de las y los mexicanos", dijo.