"Este afiliado al Cártel de Sinaloa tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos", señaló el Departamento de Seguridad.
Por su parte, la Fiscalía General de la República confirmó que el boxeador "cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas" y se inició el procedimiento correspondiente para su entrega a México.
El arresto del boxeador ocurrió luego de que el pasado sábado 28 de junio perdió una pelea contra Jake Paul en el estadio Honda Center de Anaheim, en California.
Cuatro días después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó la detención del pugilista en Studio City y anunció que tramita ya su deportación acelerada hacia México.
Un "delincuente indocumentado"
A través de un comunicado , el DHS identificó a Julio César Chávez Jr. como un "boxeador destacado y delincuente indocumentado".
Explicó que ingresó legalmente a EU en agosto de 2023 con una visa de turista B2, que estaba vigente hasta febrero de 2024. Además señaló que el 2 de abril de 2024, Chávez solicitó la residencia permanente legal.
"Su solicitud se basó en su matrimonio con una ciudadana estadounidense, vinculada al Cártel de Sinaloa a través de una relación previa con el hijo, ya fallecido, del temido líder del cártel, Joaquín 'El Chapo' Guzmán".
El boxeador mexicano tiene una relación con Frida Muñoz, quien fue pareja de Edgar Guzmán López, asesinado el 8 de mayo de 2008.
El DHS detalló que el 4 de enero de 2025, se le permitió a Chávez reingresar al país y se le otorgó libertad condicional en el puerto de entrada de San Ysidro.
Sin embargo, "luego de múltiples declaraciones fraudulentas" en su solicitud para convertirse en residente permanente legal, se determinó el pasado 27 de junio que se encontraba en el país ilegalmente y que podía ser deportado.
Chávez, una amenaza para la seguridad pública
De acuerdo con el comunicado, 17 de diciembre de 2024, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que Chávez representaba una "grave amenaza para la seguridad pública".
Sin embargo, una entrada en el sistema de aplicación de la ley del DHS, bajo la administración Joe Biden, indicó que Chávez no era una prioridad para la aplicación de la ley migratoria.
"Es impactante que la administración anterior señalara a este delincuente indocumentado como una amenaza para la seguridad pública, pero optara por no priorizar su deportación y le permitiera regresar a nuestro país", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.
"Con el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos los atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado del cártel en Estados Unidos es claro: los encontraremos y enfrentarán las consecuencias. Se acabaron los días de violencia desenfrenada de los cárteles", señaló.