De concretarse su aprobación, la Guardia Nacional consolidaría una naturaleza militar que calificó de indebida y sus integrantes tendrían facultades amplias de investigación e inteligencia, pero sin los controles y mecanismos de rendición de cuentas idóneos, señaló.
“También preocupan las facultades que se darían al Ejército para procesar información de inteligencia, así como otras disposiciones que, sin las salvaguardas adecuadas, pondrían en riesgo el derecho a la privacidad y otros derechos humanos”, advirtió.
Este martes, la Cámara de Diputados aprobó en lo general un dictamen para expedir una nueva Ley de la Guardia Nacional que ahora se analiza en el Senado de la República.
La iniciativa consolida la integración de esa institución a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la oficializa como un cuerpo castrense, lejos del carácter civil con el que se fundó inicialmente.
“Reiteramos que la seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto y observancia de los derechos humanos”, subrayó la Oficina de la ONU.
Los diputados también avalaron esta semana la aprobación en lo particular de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y el dictamen por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. De igual manera, fueron turnadas al Senado.
Legisladores de oposición y organizaciones civiles también han advertido sobre los riesgos de estas leyes, que además permiten que la Guardia Nacional realice operaciones encubiertas, tareas migratorias, vigilancias ilegales y que tenga acceso a datos privados.
Incluso, han renombrado la ley de seguridad pública como “Ley Espía” por considerar que permite a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso irrestricto a cualquier registro o padrón público y privado para la generación de información encaminada a la prevención, investigación y persecución de delitos.
"La consolidación del poder de vigilancia sin control para las Fuerzas Armadas, el debilitamiento de mecanismos de control y el establecimiento de un Estado que monitorea permanentemente a la sociedad a través de bases de datos y registros obligatorios son una afrenta directa a los derechos y libertades mínimas en un contexto democrático", señalaron en otro pronunciamiento las organizaciones Artículo 19, Red de Defensa de Derechos Digitales, Data Cívica y Fundar, entre otras.
