Entre los cientos de migrantes detenidos en Los Ángeles se encuentra la mexicana Rosi. Tiene 27 años. Aunque no ha cometido ningún delito, fue arrestada por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos sin importar que dejara solas a sus dos hijas de 8 y 10 años.
Como es madre soltera, paisanos que viven en su misma comunidad se han organizado para cuidar de las niñas mientras luchan por la liberación de la joven.
Por el temor de ser detenido, José no se ha presentado a trabajar. Hace arreglos de plomería a domicilio desde que llegó a Santa Ana, California hace 36 años, pero hoy tiene miedo de ser arrestado mientras conduce.
"Se puso fea la situación por acá, nadie sabe qué va a pasar", dice a Expansión Política el oriundo de Querétaro.
Las redadas masivas, implementadas desde el pasado viernes en distintas ciudades de California, han dejado un saldo oficial de 330 migrantes detenidos, muchos sin una orden de aprehensión en su contra.
El gobierno mexicano calcula que 61 de ellos son mexicanos, pero activistas y líderes comunitarios de Los Ángeles estiman que la cifra es mayor.
Justina Islas, diputada migrante de ese condado, ha documentado el arresto de al menos 150 mexicanos, incluido el caso de Rosi.
“El consulado tiene una lista y yo tengo otra. Lo que pasa es que cuando eres una líder comunitaria o te conoce la gente, te buscan, te llaman a ti. Porque la gente no sabe que hay esos programas en el consulado mexicano”, explica.
En la ciudad de Whittier, donde reside, arrestaron a los trabajadores de un autolavado, a los de una gasolinera, un supermercado y un Home Depot. Esto ha sembrado el miedo entre los connacionales y ha avivado las protestas en contra de las redadas, a las que la Casa Blanca ha respondido con el despliegue de elementos de la Guardia Nacional.
La gente no quiere salir, tiene temor. Si te vas a las calles, antes los veías en cada esquina vendiendo flores, tamales, pero ahorita no quieren salir.
Algunas compañías con un gran número de empleados migrantes han tomado medidas como la colocación de zaguanes con candados o vallas para impedir el paso de los agentes migratorios, que han hecho operativos en centros comerciales, zonas de reunión de jornaleros, campos agrícolas y otros lugares de trabajo.
"Los de Migración ya no están siguiendo ningún protocolo, ahorita llegan directo con la gente en los trabajos, se meten y empiezan los arrestos. Están completamente fuera de ley, haciendo lo que quieren", señala Guadalupe, mexicana que migró a Los Ángeles en 1990.
Muchos de los detenidos no han recuperado su libertad porque no han podido pagar la fianza de 5,000 dólares. La diputada Islas detalla que el consulado de México les apoya con un promedio de 1,500 dólares, por lo que la comunidad migrante se organiza para conseguir el dinero faltante, como sucede en el caso de Rosi.
A quienes ya fueron detenidos o deportados antes, explica, no se les permite pagar la fianza y les están imponiendo un castigo de tres meses de cautiverio, aunque soliciten la autodeportación.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado las redadas y el consulado mexicano de Los Ángeles ha anunciado la búsqueda de mexicanos detenidos. Sin embargo, considera Islas, urgen más y mejores acciones de las autoridades consulares de México.
“Siempre dicen: ‘No están solos’, ahora que se vea, que es cuando más los necesitamos”.
Islas, por ejemplo, comenzó a recoger a sus colegas para llevarlos al trabajo. Ella tiene residencia y durante estos días se ha levantado a las dos de la mañana, se traslada por cada uno de sus compañeros y los lleva a la empresa, para iniciar el turno de las cinco de la mañana.
A pesar del temor, otros migrantes buscan la manera de ir a trabajar porque no quieren ser desalojados de sus viviendas si no pagan la renta, sostiene Islas. En Los Ángeles, afirma, es común el abuso de los arrendatarios, quienes a veces no entregan contrato de alquiler y suben la renta varias veces al año y desalojan a la gente que no puede pagar.
“Ellos tienen ese temor, pero tampoco pueden faltar a trabajar porque aquí no tenemos un control de renta y, lamentablemente, la gente está saliendo a trabajar con ese temor de que no regresen a su casa”, dice.
La vigilancia de los agentes incluso se ha extendido cerca de escuelas y en barrios con menor población migrante, como Santa Mónica, indica la senadora migrante suplente Octavia Hernández y defensora de los derechos de las personas en movilidad.
Nacida en Oaxaca, migró varias veces y, en total, ha vivido 15 años en Los Ángeles. Regresó a México hace nueve meses, pero sus hijas se quedaron en Estados Unidos. Las menores nacieron allá, pero la hija mayor no. Aunque tiene protección por la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), también tiene miedo, comparte la legisladora.
"Se dio un acercamiento de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) a las escuelas donde están mis hijas y me hablaron asustadas", indica la activista, quien también sigue en contacto con más de 500 oaxaqueños afincados en Los Ángeles.
Los agentes de migración estuvieron cerca de las escuelas, los alumnos empezaron a asustarse",
Para apoyar a los migrantes que han optado por no salir mientras continúan las redadas, los connacionales con residencia estadounidense realizan labores por ellos. Han organizado turnos para llevar a niños a la escuela o comprar despensa. Incluso se han sumado los llamados Dreamers, como se conoce a quienes llegaron a Estados Unidos de manera irregular cuando eran niños.
"A pesar de que estos jóvenes viven con esa tensión de que pueden deportar a sus papás, así demuestran esas agallas, demuestran esa fuerza de decir, también voy a defender a mis papás", aplaude Octavia.
Ángel, un hijo de mexicanos nacido en Estados Unidos, de 33 años, colabora con estas ayudas. Él vive en Santa Ana, donde también reparten “tarjetas rojas”, como se conoce a los folletos donde explican los derechos de las personas migrantes y lo que pueden hacer en caso de ser detenidos por el Servicio de Inmigración.
Muchos papás están espantados y no quieren salir. Están pidiendo ayuda y trato de ayudar en lo que pueda, me duele lo que mis paisanos están pasando”,
Justina y más vecinas, por su parte, acuden a bancos de comida para llevar a los hogares con personas que tienen miedo de salir.
“Desde Pampers (pañales), comida, agua, de todo. Es lo mismo que hicimos cuando fueron las quemazones acá”, dice en referencia a los incendios que hace poco azotaron a Los Ángeles.
“La misma comunidad se organiza. Si no tenemos la ayuda del consulado mexicano, pues vemos la otra forma de apoyarlos”, agrega.
Las activistas entrevistadas coinciden en que las redadas masivas del gobierno de Donald Trump son violatorias de los derechos humanos y, en algunos casos, ilegales, con la justificación de que se busca a migrantes con vínculos criminales.
"Se hicieron redadas en las cuales trabajadores se encontraban en horas de trabajo, mujeres, hombres, personas mayores, fueron detenidas. Sabemos que en las detenciones, lamentablemente, no se cuestionaba y se llevaba a personas que no solamente podrían haber sido trabajadores migrantes que no contaban con la documentación para trabajar, sino también residentes legales, ciudadanos. Hay separación de familias, detenciones injustas", señala Cristina Valdés, otra defensora.
A decir de la senadora migrante, es preocupante lo que está ocurriendo en un estado santuario. "Es una persecución, porque siempre ha habido redadas, eso no podemos negarlo, cada gobierno ha tenido sus reglamentos de deportaciones, pero nunca se había dado una deportación agresiva", señala.
