La Presidencia de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General mexicana y la Secretaría de Seguridad no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. La Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tampoco respondieron a los pedidos de comentarios sobre las pláticas.
También, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó comentar.
México envió a 29 figuras de cárteles a Estados Unidos a fines de febrero -la mayor entrega de este tipo en años- tras las amenazas de Trump de imponer aranceles generalizados a los productos mexicanos. Según dos de las fuentes, en las pláticas también se discutió la posibilidad de agilizar la captura y/o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
Como parte de las conversaciones, dos de las personas familiarizadas con el asunto indicaron que funcionarios estadounidenses también plantearon la idea de nombrar a un zar estadounidense del fentanilo para que se comunique directamente con el equipo de Sheinbaum sobre los avances en la lucha contra el opioide sintético que ha dejado una estela de muertos por sobredosis en Estados Unidos.
Washington también presionó a México para que realizara inspecciones más exhaustivas de la carga y los viajeros con destino a Estados Unidos en la frontera entre ambos países, uno de los cruces más transitados del mundo.
Presuntos vínculos con cárteles
Aunque la Fiscalía General de México es independiente del gobierno de Sheinbaum según la Constitución del país, Washington ha acusado durante mucho tiempo a México de proteger a políticos presuntamente vinculados con los cárteles.
Los gobernadores estatales en funciones y los legisladores federales gozan de inmunidad procesal para la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves, como narcotráfico o crimen organizado, si lo autoriza el Congreso.
Reuters no pudo determinar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado ni pruebas en su contra.
Sin embargo, dos de las fuentes afirmaron que en las pláticas se mencionaron a cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador, incluyendo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Ávila anunció en sus redes sociales el 11 de mayo que Estados Unidos les había revocado las visas de turista a ella y a su esposo . No explicó el motivo y afirmó que la cancelación era "una injusticia". El Departamento de Estado y la embajada de Estados Unidos en México no se han pronunciado sobre el caso.
Perseguir a políticos en funciones se ha considerado desde hace tiempo una línea roja en México, según cinco diplomáticos acreditados en el país latinoamericano. Si bien en ocasiones se ha arrestado y procesado a políticos mexicanos por corrupción en Estados Unidos, esto sólo ha ocurrido después de que dejaran el cargo.
En 2020, la detención del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la DEA desató una crisis diplomática y frenó la cooperación entre ambos países en materia de narcotráfico.
Estados Unidos retiró los cargos y Cienfuegos regresó a México, donde no ha sido procesado.
