Esta realizó un seguimiento de los casos de violencia política y halló que en el primer trimestre del año se han registrado 50 asesinatos, 24 amenazas y 15 atentados con arma de fuego y 11 secuestros; además dos desapariciones y dos casos violentos identificados como “otros”.
“Las amenazas aumentaron significativamente en marzo en comparación con los dos primeros meses del año”, se halló.
La firma identifica como violencia política todo acto ejercido contra actores que participan en procesos electorales o que ya ocupan cargos públicos para influir en los resultados electorales y/o fomentar la imposición de regímenes criminales por medio de la fuerza: asesinatos, atentados, amenazas, secuestros, desapariciones “y cualquier otro mecanismo que produzca daño físico o emocional”.
En términos de homicidios, Guerrero y Morelos encabezan el listado nacional con siete casos cada uno. En otros tipos de violencia, sin resultados mortales, los lugares primero y segundo fueron ocupados por Morelos, con 17 y Veracruz con 13, además de Oaxaca con 12. De esas entidades sólo Veracruz tendrá elección este año.
En el mismo periodo sí ocurrieron al menos tres hechos de violencia contra juzgadores, reportó Integralia, pero precisó que ninguno de ellos es candidato en la elección en curso.
Se trata de la magistrada Cecilia Verónica López González, Martha Sánchez Osorio y Arturo Loza Flores, los tres del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos, la primera sufrió un ataque con arma a la fachada de su casa, la madrugada del seis de enero y sus dos compañeros fueron amenazados vía mensaje o teléfono.
El resto de los casos fueron políticos o funcionarios en funciones o que han fungido en esos cargos.
Violencia latente
El grupo de análisis de riesgo político valoró que el bajo número de incidentes de violencia política, aunque hay elecciones en todo el país para elegir integrantes del Poder Judicial de la Federación, puede explicarse porque los cargos en disputa son poco conocidos pero también es posible que grupos delincuenciales esperen a operar de formas diferentes.
“Las organizaciones criminales podrían haber optado por métodos de cooptación alternativos, incluyendo el posicionamiento de perfiles afines en las listas de candidaturas”.
Otra posibilidad que plantea Integralia que esos grupos criminales podrían esperar a que se aproxime la jornada electoral o a conocer los resultados “para tomar otro tipo de acciones”.
De Morena, las víctimas de violencia
Al analizar qué actores fueron los más vulnerables, se halló que el 75.9% del total de casos identificados corresponde a funcionarios o ex funcionarios públicos; 15.4% a aspirantes a cargos de elección popular, y 8.7% a políticos o ex políticos.
De los 104 hechos, Morena fue el partido con más incidentes, con 30 casos, seguido por el PRI con 10 y Movimiento Ciudadano con nueve.
“En parte, ello se explica por la concentración de puestos de elección popular que ocupa Morena”, se destacó.
Sin embargo también se aclaró que 35 de las víctimas identificadas no estaban directamente ligadas a un partido político. Además cinco casos se dieron en contra de partidos con presencia local, como el partido Socialdemócrata en Oaxaca, Nueva Alianza en Morelos y Oaxaca, y Fuerza por México en Puebla.
Del PAN fueron 4 de las víctimas de violencia, del Partido Verde (PVEM) cuatro casos, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tres y del Partido del Trabajo (PT) otros tres.
En el primer trimestre de 2025, 75.9% del total de casos registrados corresponde a funcionarios o ex uncionarios públicos; 15.4% a aspirantes a cargos de elección popular, y 8.7% a políticos o expolíticos.
Aunque fueron pocos casos con relación a 2024, el año con más actos violentos contra políticos, se estableció que si bien el número de aspirantes a cargos de elección popular víctimas de violencia política es menor que en procesos electorales anteriores, “ello se explica sobre todo por el limitado número de cargos municipales en disputa este año”.
Visto desde el ámbito territorial en que se llevaron a cabo las agresiones, se halló que la mayoría se concentraron, de nuevo, en el nivel municipal, con 87 casos, 17 a nivel estatal y dos a nivel federal.
Esto, se explicó, podría deberse a la debilidad de los gobiernos municipales frente al crimen organizado; los esfuerzos de estos grupos por acceder y controlar los presupuestos locales, las estructuras policiales municipales y los mercados ilícitos que operan en esos territorios, y su intención de actuar con impunidad.
Además los incidentes de violencia política se concentraron en 78 municipios del país, es decir, 3.1% del total.
“De éstos, 64 municipios registraron únicamente un caso, mientras que en sólo dos municipios se concentraron cinco casos” y estos fueron Huitzilac y Cuernavaca, ambos en Morelos.
