La actual gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presentó una denuncia contra la administración de su antecesor, Cuitláhuac García, por un probable desfalco en los Servicios de Salud del estado.
El señalamiento parte de una revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a los contratos pagados con recursos federales en 2023 para la adquisición de insumos y servicios médicos, además del empleo de personal.
Tras la fiscalización, el organismo de la Cámara de Diputados concluyó que, de aquellos convenios, están pendientes de aclaración 1,196 millones de pesos (98% del monto total), por lo que ordenó investigar a los funcionarios públicos involucrados en este probable daño patrimonial.
“El contralor ya hizo la denuncia pertinente, porque nosotros tenemos que darle seguimiento a esto”, declaró Nahle a medios locales el pasado 6 de mayo.
Son tantas las irregularidades detectadas en un solo año y en una sola dependencia, que el escándalo llegó a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Aunque Nahle y García llegaron a la misma gubernatura por el partido Morena, la mandataria federal evitó opinar sobre el caso. Dijo que desconocía el tema y defendió al exgobernador.
“Tengo la mejor opinión de Cuitláhuac, la mejor opinión”, declaró este martes.
La auditoría a los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) se centró en la fiscalización de 11 contratos, dos ampliaciones contractuales y en la revisión de los pagos de nómina, que en total sumaron un monto de casi 1,218 millones de pesos.
Los recursos provenían de distintas fuentes de financiamiento: el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), del extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y de participaciones federales.
Sesver celebró los contratos para el suministro de pruebas de laboratorio clínico, servicio de limpieza en oficinas y hospitales, medicamentos, pruebas de banco de sangre, servicios de transfusión, arrendamiento de equipo de imagenología, servicio de anestesia, fletes y servicio subrogado de alimentos y bebidas.
Algunos de estos convenios se firmaron en 2022, pero el Director Administrativo solicitó continuar con los servicios en 2023 y adjudicar directamente a los mismos proveedores en tiempos más reducidos que los que marca la ley. La ASF señaló que esta acción no contó “con un sustento normativo que permita la ampliación”.
En otros casos, los Servicios de Salud no presentaron estudios de mercado para comprobar la correcta planeación de los procedimientos de contratación, verificar la existencia de los bienes y su precio estimado a fin de evitar condiciones que limitaran la libre competencia.
Aunque los contratos iniciaron su vigencia el 1 de enero de 2023, fueron firmados por el servidor público responsable hasta febrero y marzo de ese año.
La Auditoría Superior halló que en un contrato se acordó instalar equipos en comodato para pruebas de laboratorio clínico, pero estos equipos ya se encontraban disponibles en los hospitales al momento de firmar el convenio.
Otros 27 equipos médicos se entregaron sin seguir lo pactado en los contratos; 36 equipos no cumplieron con las especificaciones de marca y modelo; los servicios de mantenimiento tampoco se realizaron en las fechas acordadas y, en algunos casos, los equipos no pertenecían al proveedor que ganó el contrato.
En las peores situaciones, Sesver no presentó evidencia documental de la entrega de algunos equipos, la instalación de software ni de visitas de inspección a hospitales para supervisar el servicio de los proveedores.
Tampoco constató que “los equipos otorgados en comodato no fueran motivo de alerta, o que pusieran en riesgo la salud de las personas”.
En cuanto al personal de salud contratado, se identificó que en algunos hospitales se presentaron menos sanitarios que los acordados en los contratos. Por ejemplo, en tres hospitales el proveedor puso a disposición un listado de 712 profesionales, pero solo 385 prestaron servicios. Mientras que en otras unidades médicas no se pudo comprobar el trabajo del personal por falta de información.
Dictamen
Ante las irregularidades documentadas, la ASF indicó que la dependencia estatal realizó contrataciones sin apego a la ley en la materia y no vigiló el debido cumplimiento de los contratos, lo que ocasionó un probable desfalco de 1,196 millones de pesos.
Los Servicios de Salud de Veracruz no realizaron un ejercicio eficiente ni transparente de los recursos”,
Por los hechos, la ASF emitió dos recomendaciones al gobierno de Veracruz y presentó 11 pliegos de observaciones. También solicitó a su Dirección General de Investigación abrir una indagatoria sobre los hechos a fin de imponer al menos nueve sanciones administrativas a los funcionarios públicos responsables.
El organismo fiscalizador pidió adicionalmente que el IMSS revise las declaraciones de impuestos, derechos y aportaciones a seguridad social de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria ante la sospecha de omisiones en estas obligaciones.
Rocío Nahle, gobernadora desde el 1 de diciembre de 2024, mencionó que, si es necesario, se llamará a rendir cuentas al exsecretario de Salud local del sexenio anterior, aunque sin mencionar su nombre.
Y es que en la administración de Cuitláhuac García (2018-2024) hubo varios cambios en la dependencia. De 2018 a 2022 fue secretario de Salud Roberto Ramos Alor, quien posteriormente fue designado coordinador de IMSS Bienestar en Veracruz.
Con agrado recibí al nuevo delegado del @IMSS_Bienestar en Veracruz, al Dr. Roberto Ramos Alor, un especialista comprometido quien nos va ayudar mucho en un tema tan importante para todos los veracruzanos, es un gran conocedor del sistema y de nuestro bello estado. 🤗👍 pic.twitter.com/nX01tBzEjp
— Rocío Nahle (@rocionahle) May 3, 2025
A él lo sustituyó en el cargo Gerardo Díaz Morales y, tras su fallecimiento, Guadalupe Díaz del Castillo asumió como secretaria en agosto de 2023. En todo el sexenio fungió como director administrativo de Sesver Jorge Eduardo Sisniega Fernández.
