Ambientalistas y ciudadanos de Bacalar, Quintana Roo, iniciaron la defensa de "la laguna de siete colores" y del histórico Fuerte de San Felipe de Bacalar para evitar la "remodelación" de una casa de descanso para militares.
La lucha comenzó hace dos meses luego de que habitantes y activistas denunciaron que la obra puede causar daños ambientales y acusaron que, de manera irregular, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) arrancó los trabajos sin contar con los permisos requeridos.
Entonces organizaciones como Greenpeace México, Agua Clara Ciudadanos por Bacalar y el Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar, alzaron la voz e iniciaron con una lucha legal, a través de amparos con los que han logrado suspender las obras en dos ocasiones.
El ambientalista José Urbina, conocido como "Pepe Tiburón", señaló que no existe un interés de la Secretaría por escuchar o atender al pueblo que se opone y que teme por el impacto ambiental que puede ocasionar o los daños que se pueden provocar al Fuerte de San Felipe, un inmueble que desde 1965 es Patrimonio Histórico Nacional.
"No puede ser que toda una ciudad sea sacrificada por una atracción turística...no es que los soldados no se la merezcan, no es que los militares no puedan tener una casa de descanso, es que no pueden hacer lo que quieran con las leyes que están para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente", dijo el ambientalista en entrevista con Expansión Política.
Nadie en Bacalar se va a beneficiar de esta construcción hecha en beneficio de un grupo de soldados.
Ingenieros militares explicaron en una reunión en la que participaron representantes de los tres niveles de gobierno, ciudadanos y autoridades ambientales, que las obras consistían en una remodelación y ampliación de una casa de descanso para altos mandos militares y sus familias.
De acuerdo con lo dado a conocer durante un encuentro el 25 de marzo, el proyecto consiste en edificar una casa unifamiliar de tres habitaciones de una sola planta, remodelando el inmueble que ya se encontraba en dicho lugar, y que –de acuerdo con activistas– ya fue demolido.
La casa, se informó, tendrá aproximadamente 275 metros cuadrados, de 25 metros de largo por 17 metros de ancho, contará con una terraza con vista a la laguna y chapoteadero.
También contará con un área de juegos infantiles, una zona de regaderas y de baños, además de área de servicios, y enfrente del chapoteadero, una palapa pequeña como antesala al muelle.
Se especificó que las únicas obras que hasta ese momento se habían llevado a cabo eran trabajos para renivelar el terreno y compactar el suelo de la parte pegada a la avenida y en donde estará la casa.
No obstante, Catalina Rocha Okelard, del Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar, reclamó que durante estos meses, la Sedena ha asegurado que esta obra solo se trata de una remodelación, pero acusó que en realidad se trata de una nueva edificación en donde se ha llevado a cabo todo lo que está prohibido realizar en la laguna de Bacalar, desde el dragado, la modificación de la orilla de la laguna y hasta un colado con cemento.
"A esta gente se le ha permitido todo. ¿Ya no vivimos en un Estado de Derecho? El Ejército se supone que es garante de la ley y se la salta. ¿Acaso todas las autoridades tienen que supeditarse? Todas las autoridades han omitido lo que les toca hacer y justifican todo", apuntó.
Es un abuso de autoridad total, están violando todas las leyes como si estuvieran por encima de la ley cuando ellos (la Sedena) deben ser los garantes de la ley, esto es muy delicado.
En enero, la Secretaría inició la obras en un predio ubicado sobre la Av. 1, junto al muelle y zona federal de la Laguna de Bacalar, el cual se encuentra justo a un lado del Fuerte de San Felipe de Bacalar, uno de los inmuebles más significativos de la arquitectura histórica.
Sin una consulta ciudadana previa ni información pública, la comunidad de Bacalar denunció la presencia de maquinaria pesada y de camiones que comenzaron con trabajos de relleno y dragado.
Las organizaciones advirtieron que la obra podría afectar a la Laguna de Bacalar—el cuerpo de agua dulce más extenso de la Península de Yucatán y que alberga los arrecifes de microbialitos más grandes del mundo—, y al histórico inmueble del Fuerte por las vibraciones que las máquinas pesadas producen.
Ante ello, ambientalistas y ciudadanos realizaron protestas y manifestaciones para exigir transparencia e información sobre las obras que se llevaban a cabo en dicho lugar.
El pasado 21 marzo, tras una protesta que reunió a más de un centenar de personas, organizaciones ambientalistas denunciaron formalmente a la Secretaría de la Defensa ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que se detuvieran los trabajos iniciados en la zona federal de la laguna.
Denunciaron que existe falta de certeza al no saber si la Defensa cuenta con las autorizaciones ambientales necesarias y exigieron a la Profepa realizar una inspección inmediata de la obra y suspender las actividades hasta garantizar que no se fueron a ocasionar daños irreversibles al ecosistema de la laguna.
A pesar de las protestas y la denuncia formal presentada en contra de la obra, el 1 de abril, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), defendió la realización de esta supuesta remodelación en el inmueble construido en 1983, en un predio cedido a Defensa por parte del Gobierno de Quintana Roo, la cual se informó también, ya contaba con una exención de Manifestación de Impacto Ambiental.
La Semarnat detalló, a través de un comunicado, que dicha exención, con el número de Trámite SEMARNAT-04-006, concedida a la Defensa fue emitida porque el proyecto que se lleva a cabo, en “un espacio de descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio para coadyuvar a su recuperación física y mental”, era una intervención que no generaba desequilibrio ecológico ni transgredía la normatividad aplicable en materia ambiental.
La dependencia informó además que los trabajos se iniciaron debido a que el predio presentaba desgastes y daños estructurales, por lo que con las obras se buscaba brindar seguridad e integrar componentes más sustentables y adecuados al espacio en donde se encuentra ubicado.
"La Secretaría de la Defensa Nacional considera implementar medidas preventivas y de mitigación durante el desarrollo de las actividades, con el fin de proteger los factores bióticos y abióticos que integran el ecosistema de la Laguna de Bacalar", informó Semarnat.
Si bien la Semarat apuntó que la Profepa inspeccionaría la correcta aplicación de las medidas preventivas y de mitigación consideradas en el resolutivo de autorización de la exención otorgada al proyecto, las obras continuaron y con ello también las protestas de ambientalistas y ciudadanos.
El 15 de abril habitantes de Quintana Roo obtuvieron un amparo en el que un juez ordenó a la Sedena detener la obra y solicitó a la Semarnat verificar si habría alguna alteración al ecosistema.
El juez Primero de Distrito con sede en Quintana Roo pidió revisar si la extracción de agua y lodo propios de la zona lagunar, así como la construcción de estructuras y edificaciones, o en su caso, cualquier destrucción, modificación y/o alteración, puede causar algún daño o afectación a la Laguna Bacalar, así como a las especies que habitan en ella.
Si bien las obras se detuvieron por algunos días, éstas reiniciaron días después, por lo que de nuevo ambientalistas y ciudadanos convocaron a una nueva protesta el 22 de abril, fecha en la que también se conmemoró el Día Internacional de la Madre Tierra.
A la par de las protestas que surgieron, Proyecto de Justicia Común (PROJUC) y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, informaron y celebraron que tras presentar una demanda de amparo indirecto, se concedió una segunda suspensión provisional con la que de nueva cuenta se frenaría de inmediato la continunación de la obra por representar una grave amenaza al equilibrio ecológico de la laguna y vulnerar el derecho al medio ambiente sano.
Ambas organizaciones informaron que será el próximo lunes 28 de abril que se celebrará la audiencia incidental en la cual se analizará si se concede la suspensión definitiva, para paralizar las obras hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto.
"Este fallo representa un logro importante para la defensa ambiental, la participación ciudadana y la justicia ecológica en México, y sienta un precedente clave para evitar que proyectos gubernamentales avancen sin respetar la legalidad y los derechos de las comunidades", informaron.
Los activistas acusaron que existe una omisión total por parte de las autoridades locales, estatales y federales frente a la obra que la Defensa lleva a cabo, por lo que alertaron, sienta un nuevo precedente de la impunidad con la que dicha secretaría actúa.
"Pepe Tiburón", reconocido en la región por la defensa ambiental que ha encabezado en la selva del suroeste mexicano ante el paso del Tren Maya, aseguró que la casa de descanso es otro ejemplo de la impunidad con la que también se construyó el Tren Maya.
"Sabemos que Sedena está rompiendo la ley, la ley les mandó a detenerse y no se respeta porque la impunidad es lo que está en boga para ellos en este momento", acusó.
El activista insistió en que pese a que hay autoridades que tienen el interés y la voluntad de proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, es necesaria la intervención de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
“La única persona que puede hacer que Sedena preste atención a la ley es la señora presidenta. La presidenta se tiene que pronunciar y explicarle a la Defensa que Semarnat es la encargada de proteger nuestros recursos naturales", agregó.
Por su parte, la activista Catalina Rocha insistió en la lucha continuará y celebró que cada día más ciudadanos de Bacalar se sumen para exigir que se detenga la construcción de esta casa de descanso.
