"El reciente descubrimiento en México de restos humanos calcinados y cientos de objetos personales, como zapatos y ropa, en un rancho presuntamente operado por un cártel de drogas, es un recordatorio profundamente perturbador del trauma de las desapariciones vinculadas al crimen organizado en el país", sentenció.
La portavoz subrayó que el descubrimiento resulta "aún más perturbador" debido a que el Rancho Izaguirre había sido previamente allanado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Jalisco, sin que se detectaran pruebas cruciales.
Indicó que "toma nota" del compromiso de las autoridades federales y estatales de examinar posibles omisiones en la operación de búsqueda inicial.
"Hacemos un llamado a las autoridades para que garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en el sitio, para fortalecer los esfuerzos para identificar los restos encontrados ahí", planteó.
"Y para permitir la participación significativa de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas".
Dado el "amplio impacto" de las desapariciones en México, apuntó Throssell, la Oficina de la ONU-DH también instó al gobierno a mejorar las medidas preventivas, así como a garantizar la protección y el apoyo a las familias víctimas de desapariciones en su búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Recordó que el "centro clandestino" fue encontrado por colectivos de familias que buscan a sus seres queridos y reveló que, "según se informó", era utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para entrenar a jóvenes que eran reclutados forzosamente mediante ofertas falsas de empleo.
"Eran sometidos a tratos brutales y aquellos que mostraban resistencia o no cumplían con los requisitos del cártel eran asesinados, lo que concuerda con la presencia de fragmentos óseos y restos humanos carbonizados en el lugar", apuntó.
El "Colectivo Guerreros Buscadores” localizó hornos crematorios ilegales en un rancho de la localidad conocida como La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde integrantes de la delincuencia organizada cremaban cuerpos. En la búsqueda fueron encontrados fragmentos óseos y casi 500 zapatos, ropa y objetos personales.
La investigación del caso fue atraída por la Fiscalía General de la Republica, mientras que la Fiscalía de Jalisco anunció que indagará posibles omisiones de servidores públicos, ya que el predio fue intervenido en septiembre de 2024 tras la detención de 10 personas, la liberación de una más y el hallazgo de un cuerpo en el lugar.