La magistrada Janine Otálora Malassis estableció que si bien pueden ser topes diferenciados según el cargo a elegir, estos no deben excederse.
“Si se elevan los topes de gastos de campaña en demasía, lo único que se va a generar es una ventaja para las candidaturas que tengan mayor capacidad económica, distorsionando con ello la cancha pareja que debe prevalecer”, expuso.
Consideró que, aunque el INE debe determinar topes de gastos diferenciados, “se debe respetar el límite establecido. Por ello, apuntó que los distintos topes deben graduarse "pero a la baja”.
Es decir, que los 220,326 pesos sean el máximo para los cargo de responsabilidad nacional, mientras que sean a la baja para magistrados de Salas regionales del Tribunal Electoral y jueces de distrito.
Pidió cuidar dos criterios: blindar las candidaturas ante la posibilidad de que reciban financiamiento privado que pueda comprometer su actuación.
Y segundo, “garantizar una cancha pareja": "Debe evitarse que el dinero sea el que marque la diferencia en la contienda".
Los magistrados del Tribunal Electoral confirmaron la decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de no analizar las quejas interpuestas por dos ciudadanos en contra de tres ministras en funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que participarán en la elección judicial por el mismo cargo.
Los ciudadanos quejosos consideraron que, entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre del año pasado, se hicieron publicaciones en las cuentas de X donde se aprecian presuntos actos anticipados de campaña.
Según la queja, se usaron supuestos recursos públicos con fines electorales y emplearon además propaganda gubernamental personalizada, en el marco de la elección judicial.
