En el informe, HRW identificó una amplia gama de problemas sistémicos que, apunta, "socavan las investigaciones y afectan los derechos tanto de familiares de víctimas como de quienes son acusados de delitos".
Esto tiene como consecuencia, agrega, la falta de investigadores, fiscales y peritos calificados en las fiscalías estatales para hacer frente al elevado número de homicidios en México; sistemas excesivamente formales y burocráticos para coordinar las investigaciones e intercambiar información entre los miembros del equipo de investigación, además de la ausencia de protección adecuada para testigos y familiares de las víctimas, quienes a menudo temen la posibilidad de sufrir represalias por parte los victimarios si cooperan con las investigaciones.
"Las autoridades estatales y federales deberían garantizar que las comisiones de víctimas cuenten con el personal y los recursos necesarios para representar eficazmente a las familias de las víctimas. Deberían crear urgentemente mecanismos de protección eficaces para las víctimas y los testigos. También deberían adoptar medidas para mejorar la supervisión de las fiscalías mediante la creación de mecanismos de control externo que permitan a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil revisar las denuncias de irregularidades y recomendar cambios", apunta el documento.
Sobre el informe recién presentado, en la que fueron entrevistados cerca de 150 fiscales y policías de investigación de fiscalías estatales, asesores jurídicos de comisiones estatales de víctimas y otros operadores de justicia y expertos en el sistema de justicia penal mexicano, entre enero de 2023 y febrero de 2024, la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, comentó que esta es una muestra de que militarizar la seguridad pública, socavar las garantías de debido proceso y politizar la justicia no ha logrado que los mexicanos estén más seguros ni ha mejorado los "pésimos resultados" del sistema de justicia penal.
“En lugar de insistir con estas políticas fallidas, la presidenta Claudia Sheinbaum debería abordar el problema central del sistema de justicia penal de México: las prácticas investigativas ineficaces y abusivas de las fiscalías”, consideró.
“Para mejorar el rendimiento del sistema de justicia, las autoridades mexicanas deberían proteger a los jueces ante la influencia política y no politizar aún más el sistema de justicia”, agregó Goebertus.
