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Extinción del INAI deja en aire archivos, protección de datos, sanciones...

Con la reforma constitucional que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador desaparece el INAI y sus funciones pasarán a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
vie 29 noviembre 2024 11:59 PM
Extinción del INAI deja en el aire archivos, protección de datos, sanciones
El INAI advirtió que los 15,000 millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) están en riesgo ante la extinción del organismo.

Con la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quedan en el limbo casi 15,000 millones de archivos, el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las reglas para solicitar información, la protección de datos personales, así como quién resolverá las quejas, peticiones y emitirá las sanciones.

Hace 22 años, durante el gobierno del panista Vicente Fox, surgió el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el cual cambió en 2014 al INAI. Desde que se creó ha sido un órgano encargado de promover la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno; además, por este organismo se han ventilado casos como la "Casa Blanca" y la "Estafa Maestra", entre otros.

Con la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto desaparece y sus funciones las adquiere la Secretaría de la Función Pública, que se convertirá en Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

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"(El INAI y la PNT) han sido fundamentales para que la sociedad obtenga información de interés público sobre el actuar de las autoridades, se entere y denuncie casos de corrupción, pregunte e investigue sobre políticas públicas de educación, salud, energía, seguridad, contrataciones públicas y militarización", defendió el INAI el pasado 30 de agosto.

Estas son algunos asuntos de interés público que se han conocido gracias al INAI:

  • Fosas clandestinas en San Fernando.
  • Caso Ayotzinapa.
  • Caso Odebrecht.
  • Socavón del Paso Exprés de Cuernavaca.
  • Estafa Maestra.
  • Créditos fiscales (nombres de las empresas y montos condonados o cancelados por el pago de impuestos).
  • Corrupción en Segalmex.

En entrevista, Ernesto Díaz Iturbe, experto en materia de transparencia, comentó que esta modificación deja “vacíos” que no se consideran en la reforma constitucional, por lo que será necesario que los detalles se establezcan en las normas secundarias, como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

“La reforma deja muchos vacíos. Por un lado es normal en una reforma constitucional de este tipo. Los transitorios dan 90 días para que se realice la legislación secundaria. La primera pregunta será cómo se va a formar esa nueva ley”, dijo el también el exsubdirector de Análisis e Investigación en el INAI.

Mencionó que otro “vacío” es si la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será una segunda instancia que atienda los recursos de revisión de los ciudadanos inconformes con las respuestas a sus solicitudes en los tres Poderes de la Unión, o si cada uno se encargará de sus propios datos, como ocurría previo a la reforma constitucional de 2014.

“Es importante definir los alcances de la nueva Ley de Transparencia, ordenada por la reforma constitucional, quien será la instancia que atenderá las inconformidades con las respuestas a las solicitudes de información de la ciudadanía. Hoy el INAI está facultado para revisar las respuestas de los tres Poderes de la Unión; sin embargo, la reforma deja abierta la posibilidad de que cada Poder se autorregule, modelo que probó no ser adecuado previo a la reforma de 2014”, mencionó.

Señaló que también falta definir si la PNT continuará siendo el mecanismo unificado que permite enviar solicitudes a todas las instituciones públicas del país, o si cada poder y cada entidad tendrá su propio sistema.

Ello, porque la PNT es la herramienta que se utiliza para que los ciudadanos ingresen solicitudes de información pública y de datos personales a los distintos sujetos obligados de los tres órdenes de gobierno en México, como secretarias de Estado, órganos autónomos y partidos políticos, entre otros.

Otro dato que no se establece en la reforma constitucional es qué autoridad será la encargada de la protección de datos personales y de sancionar a quienes, tanto privados como públicos, hagan mal uso de los archivos de datos personales, aseguró María de los Ángeles Estrada, experta en materia de transparencia y anticorrupción.

“El INAI tiene facultades de protección y garantía del derecho a la información que es el artículo 6 de la Constitución y lo que sabemos hasta ahorita, sin tenerlo claro, es que esas facultades se le quedan a la SFP", sostuvo la experta.

"¿Qué va a suceder con las facultades de protección de datos personales? Porque el INAI es el encargado de hacer esa protección y garantizar esos derechos ¿Qué va a pasar con los derechos de acceso, rectificación, de cancelación de los datos personales y quién es la autoridad que estará encargada?".
María de los Ángeles Estrada

La también directora de la iniciativa Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tec. de Monterrey, recordó que el INAI tiene facultades de sancionar a servidores públicos que cometan abuso o afectaciones al derecho de acceso a la información, por lo que cuestionó si ahora la SFP se quedará con la facultada de sancionar a sus pares.

Además, explicó que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no podrá tener autonomía para tratar asuntos transparencia, pues para que esto suceda es necesaria una reforma legal que establezca que no es un ente que depende directamente del Poder Ejecutivo.

“Legalmente no existe la posibilidad de que eso suceda (que la Secretaría sea autónomo) a menos que haya una reforma que establece que este SFP no es una dependencia directa del Ejecutivo, sino que se establece como un órganos autónomo o como comenzó el INAI. Cuando nació, era un órgano desconcentrado, eso le daba ciertas facultades de autonomía por lo pronto”, declaró.

En tanto, el politólogo Gustavo López Montiel advirtió que la reforma sólo desaparece al INAI y, en términos generales, ubica sus funciones en la Secretaría Anticorrupción, pues, dijo, “solo se hace de manera conceptual”.

Por ello, declaró que uno de los retos es especificar cómo los distintos procesos para garantizar el acceso a la información y proteger los datos personas serán operados por la dependencia, y cómo esto será garantizado en los estados, ya que no todas las entidades tiene una secretaría Anticorrupción.

Para el politólogo, otro punto que está en el "limbo" son los 15,000 millones de archivos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT); aunque el gobierno federal aseguró que se quedará con estos datos, el también profesor del Tec de Monterrey alertó que no toda la información es federal.

"En la Plataforma no sólo está el gobierno federal, están los gobiernos estatales y municipales con todas sus dependencias y fideicomisos. Esa información no es de la federación, es información o de los estados, o de los municipios o de los órganos autónomos. Cuando se dicen que no está claro o quien se quedará con esta información y aunque el gobierno federal dice: 'vamos a ser nosotros', en realidad hay información que no les corresponde", dijo.

Ante esto, el experto consideró que esto también se deberá contemplar en las leyes secundarias y dejar claro cómo será el acceso a la información ante la ausencia del INAI.

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Hace unos días, la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, advirtió que los 15,000 millones de archivos de la PNT están en riesgo al no establecerse qué va a pasar con ella ante la desaparición del organismo. Estos datos equivalen a 40 veces el resguardo del Archivo General de la Nación.

Ante ello, Raquel Buenrostro, titular de la SFP, aseguró que la PNT se mantendrá y que la regulará el Sistema Nacional Anticorrupción, donde participen no sólo la Secretaría que encabeza, sino otros “actores”.

Sin embargo, la organización Artículo 19 ya propuso ser el encargo de resguardo y respaldar toda información, pues los datos públicos que tiene la Plataforma no son sólo información del gobierno federal, sino estatal, de partidos políticos, entre otros.

"Apelamos a la naturaleza pública de la información. La PNT y la información contenida en ella es un bien público. Parece una obviedad, pero hay que recalcarlo: las instituciones son repositarias, pero no son propietarias de la información", dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México.

La reforma que desaparece el INAI

La reforma constitucional aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado establece que las funciones del INAI se trasladarán a la próxima Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al órgano de control del Poder Judicial y a las contralorías del Congreso de la Unión. Esto pretende replicarse a nivel estatal.

Entre los argumentos que ha dado Morena para eliminar el INAI, junto con seis organismos más, están:

-Hay duplicidad de funciones.
-Carece de legitimidad democrática.
-Es oneroso y burocrático.
-Sirve intereses privados.

También se menciona en los artículos transitorios de la reforma que los ahorros que se genere con la desaparición del Instituto, junto con los de los otros seis organismos, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar; en tanto, los más 993.9 millones de pesos que solicitó el INAI para 2025 serían utilizados en otras áreas como la educación, cultura, agua y seguridad. Esto último lo informó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Asimismo, los trabajadores del INAI -que suman 849- se integrarían a la próxima de Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, aunque no hay certeza de que así va suceder.

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