Con una túnica blanca y una estola negra floreada, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, recibió un homenaje el sacerdote Marcelo Pérez, quien fue asesinado el domingo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Cientos de personas, entre feligreses, miembros de la comunidad y defensores de derechos humanos, se reunieron este lunes en San Andrés Larráinzar para participar en una ceremonia religiosa de cuerpo presente.
El cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo Emérito de San Cristóbal de Las Casas, ofició la misa de exequias junto con los obispos de la Diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro.
También participaron sacerdotes, diáconos, religiosas, catequistas y aproximadamente 500 feligreses en el parque central de San Andrés Larráinzar, junto al templo de San Andrés Apóstol.
La ceremonia, en la que el cardenal recordó que hace 22 años “ordenó” al padre Marcelo como sacerdote indígena, sirvió para exigir justicia por el homicidio.
Al término de la misa, el cardenal Arizmendi dijo que Pérez no sólo fue un sacerdote muy comprometido con Dios y con su comunidad, sino que también buscó la paz y ayudó a los más necesitados.
Arizmendi además habló sobre la inseguridad. Sostuvo que la problemática no se limita a la entidad, sino que es una realidad en todo México.
“(Estamos) dispuestos a perdonar a los agresores, a los homicidas y a quienes los mandaron, pero que recapaciten”, planteó el cardenal.
"En todas partes hay inseguridad y lo estoy viviendo en carne propia. En mi pueblo, la ventaja, entre comillas, es que solo hay un cártel, mientras que aquí en Chiapas hay dos que están peleando el territorio. Los problemas de antes eran distintos; ahora el país está en una descomposición total”, agregó.
Urgió a las autoridades a que actúen de manera inteligente y desarmen a los grupos armados, pues la violencia, recalcó, está afectando a miles de ciudadanos en todo el país.
Más tarde, el cuerpo del padre Marcelo será sepultado en la comunidad de Chichelalhó, municipio de San Andrés Larráinzar, en la región Altos de Chiapas.
Organizaciones sociales llamaron a las autoridades a hacer las investigaciones correspondientes que conduzcan al esclarecimiento del caso y sancionar a los responsables de este delito.
Demandaron a los tres órdenes de gobierno reconocer la “gravedad de las condiciones” y priorizar acciones para generar condiciones de paz y justicia en Chiapas.
“Es también nuestra responsabilidad (…) llamar a las autoridades a reconocer, junto al resto de la población, la gravedad de las condiciones de violencia que se viven en Chiapas y México, las cuales se están agravando particularmente en los territorios de las comunidades y pueblos originarios con un aumento alarmante de despojos, desalojos, desapariciones y asesinatos.
“Convocamos asimismo a priorizar frente a cualquier otra agenda, la colaboración para transformar las condiciones estructurales que determinan las violencias en el país, ante el contexto marcado por un profundo vínculo entre el poder político y el crimen organizado que se ha configurado desde hace varios sexenios en el país”, alertaron.
Las organizaciones firmantes, entre ellas el Movimiento de los Pueblos por La Paz y la Justicia, el Diálogo Nacional por La Paz y la Plataforma para la Construcción de Paz en México, además plantearon un diálogo que permita unir esfuerzos con urgencia.
“Como personas y organizaciones abocadas a la construcción de paz en México, este hecho nos llena de dolor, frustración y terror. Por ello, no podemos quedarnos calladas ante tan lamentable pérdida para el país, para las comunidades del estado de Chiapas y frente a su labor de lucha por una paz justa, digna y verdadera”, añadieron.
