El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, sentenciado en Estados Unidos, también tiene pendientes con la justicia mexicana.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón tiene tres órdenes de aprehensión por delitos relacionados con la introducción de armas a México, el uso indebido de atribuciones y facultades, y por contratos otorgados de manera irregular.
En la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se presentó un reporte sobre la trayectoria de García Luna en la administración pública y los delitos en los que incurrió.
1. Rápido y furioso: La secretaria explicó que una de las órdenes de aprehensión contra el exsecretario es por su participación en el operativo para introducir armas de fuego a México, llamado Rápido y Furioso.
“La averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República, y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República”, explicó.
Mediante ese operativo, ingresaron a México más de 2,000 armas de forma ilegal, a las que se les colocó un chip, con el propósito de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes para los cárteles.
La idea, según las autoridades, era desarrollar inteligencia que ayudara a desmantelar organizaciones criminales, sin embargo, no solo no ocurrió, sino que parte de ese armamento terminó en manos de integrantes del crimen organizado, lo que los empoderó e incrementó la espiral de violencia en el país.
2. Uso indebido de atribuciones y asociación delictuosa. Esta denuncia se debe a que cuando García Luna era secretario de Seguridad impulsó un proyecto para la construcción de 12 Centros Federales de Readaptación Social, bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada.
“Se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario subió en exceso 10, 15 veces más por preso, ya que al pagar un centro de reclusión semivacío incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública”, afirmó la secretaria.
3. Por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de Centros de Readaptación. La secretaria explicó que, a pesar de los contratos impulsados por el secretario, hubo incumplimiento, por lo que se generaron órdenes de aprehensión contra 61 personas involucradas, entre ellas Genaro García Luna y familiares por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, se presume que derivado de la sentencia de 38 años que recibió Genaro García Luna en Estados Unidos, quedan asentados los vínculos que el exsecretario tenía con miembros de la delincuencia organizada.
“El presidente López Obrador desde esta tribuna, denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales”, planteó.
La secretaria comentó que el Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo.
El exsecretario de Seguridad Pública también es señalado de haber realizado daños al erario público. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que durante 2009 y 2018 la Policía Federal y otras instituciones entregaron contratos que favorecieron a una red de empresas de Genaro García Luna.
"Genaro García Luna a través del tejido empresarial del Grupo Weinberg encabezado por Mauricio Samuel Weinberg Lópz y Jonathan Alexis Weinberg Pinto obtuvo contratos por un total de 727 millones 923,523 de dólares y 528,666 pesos", comentó.
Por ejemplo la empresa Nunvav Inc obtuvo contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social por 288 millones 537,355 dólares, del Centro Nacional de Inteligencia por 44 millones 219,327 dólares y 67 millones, y de la Policía Federal por 14.5 millones de pesos.
Nunvav Technologies obtuvo contratos del Cisen por 208,831 dólares y Nice Systems Ltd de la Policía Federal por 69 millones de dólares.
