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Cifras millonarias ponen a Latinus en la mira de la UIF

Latinus respondió ya al Gobierno de México y negó estar involucrado en actividades relacionadas con lavado de dinero y corrupción.
mié 03 julio 2024 06:00 PM
Latinus, bajo la lupa de la UIF; ¿qué se sabe de la investigación por lavado de dinero?
El titular de la UIF, Pablo Gómez, informó este miércoles sobre una investigación contra Latinus.

La mañana de este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que el consorcio Latinus es investigado por lavado de dinero y corrupción.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez reveló que si bien Carlos Loret de Mola, el periodista titular de este medio, no era investigado, el consorcio de información sí se encontraba bajo investigación.

Acá te contamos lo que se sabe de la investigación de la UIF contra Latinus.

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¿Qué es Latinus?

Latinus es un proyecto periodístico que Loret de Mola encabeza desde 2020, luego de su salida de Televisa.

El sitio de noticias fue presentado como la “primera plataforma binacional 100% digital, diseñada para generar y distribuir contenido de alto valor para las audiencias en México y Estados Unidos”.

Este medio de comunicación ha publicado varias investigaciones que han puesto en la mira al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a sus cercanos, incluyendo su hermano Pío López Obrador y sus hijos Andrés, Gonzalo y José Ramón López Beltrán.

En junio de 2020, la plataforma informativa reportó que la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman, tenían un presunto patrimonio de 60 millones de pesos, mayor a lo que se reflejó en su declaración patrimonial.

En ese entonces, Sandoval negó que las propiedades de las que era dueña y copropietaria estuvieran valuadas en ese valor. Mientras tanto, su esposo se lanzó contra Loret de Mola, a quién denunció por divulgar públicamente datos sensibles e información confidencial.

Latinus también puso en la mira a Pío López Obrador y a David León Romero, excoordinador nacional de Protección Civil.

En octubre de 2020, el medio difundió dos grabaciones en las que Pío López fue captado recibiendo dinero de parte de David León. Al respecto, el presidente López Obrador negó que la entrega del dinero haya sido un acto de corrupción, pues –aseveró– se trató de un pago de aportaciones hechas en el marco de las campañas del proceso electoral de 2015.

El tema escaló hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de que el Instituto Nacional Electoral abrió una investigación por este caso, además de que el hermano del presidente también emprendió una lucha legal en contra de Loret de Mola, por "violentar" su vida privada al difundir las grabaciones.

En diciembre de 2020, el portal también dio a conocer que Felipa Guadalupe Obrador Olán, prima del presidente de México, participó con su empresa Litoral Laboratorios Industriales en contratos del gobierno federal que ascendían a más de 365 millones de pesos, pese a que algunos funcionarios de la petrolera alertaron sobre el lazo familiar entre Felipa y el presidente.

En mayo de 2023, Latinus relacionó a Andrés López Beltrán con presuntos actos de tráfico de influencias. En un reporte se informó que tres amigos de "Andy" presuntamente obtuvieron contratos millonarios por parte de autoridades federales “a través de una red de empresas dirigidas por prestanombres y socios, las cuales operaban bajo un esquema que simulaba competencia en concursos públicos y se esconden, en otros casos, en un sistema de subcontratación''.

Mientras que en enero de 2024, reveló también que amigos de uno de los hijos del mandatario presuntamente obtuvieron contratos por más de 100 millones de pesos con el gobierno federal.

Gonzalo Alfonso López Beltrán, conocido entre sus allegados como "Bobby", fue señalado así de ser el articulador de una red de negocios y de tráfico de influencias que controla miles de millones de pesos en la construcción del Tren Maya.

Estas investigaciones periodísticas han posicionado a Latinus como un medio crítico del presidente López Obrador y de su gobierno.

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¿Quién es el dueño de Latinus?

En marzo de 2021, el portal de noticias Sin Embargo publicó una investigación del periodista Álvaro Delgado Gómez, quien reveló que detrás de Latinus había un grupo importante de políticos y empresarios. Entre las personas involucradas estarían la exsubsecretaria Patricia Olamendi y su hijo, Miguel Alonso, así como Marco Antonio Estrada Castilleja, entonces secretario privado del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

"...Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Nickin Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco”, apuntaba el reportaje.

Fue tras este reportaje que Roberto Madrazo Pintado, excandidato presidencial del PRI en 2006, confirmó que su hijo y yerno, Federico Madrazo y Alexis Nickin Gaxiola, colaboran en la plataforma informativa Latinus.

“No estoy involucrado directamente (en Latinus). Mi hijo Federico y mi yerno Alexis sí, básicamente ellos están impulsando el proyecto de diferentes formas”, dijo Madrazo Pintado en entrevista concedida al periodista Ciro Gómez Leyva.

¿Qué es la UIF?

Tras todas estas polémicas, este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que desde 2021, el consorcio empresarial Latinus es investigado por delitos de lavado de dinero y actos de corrupción.

La UIF es la instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de recibir informes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones financieras y económicas, y diseminar reportes de inteligencia para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Se creó el 7 de mayo de 2004 y forma parte del Grupo Egmont, un organismo internacional que agrupa a 147 unidades de este tipo, con el fin de cooperar en la lucha internacional contra el lavado de dinero y el terrorismo. Es decir, que puede intercambiar información para la investigación de operaciones financieras y personas físicas o morales con los países que conforman el grupo.

Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:

• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
• Financiamiento al terrorismo

El actual titular de asumió el cargo el 9 de noviembre de 2021, luego de que Santiago Nieto presentó su renuncia tras encabezar dicho organismo desde el 1 de diciembre de 2018.

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La investigación contra Latinus

De acuerdo con Pablo Gómez, Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial Latinus, el cual está integrado por cinco empresas:

Latinus Media Group, constituida el 13 de enero del año 20. Su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama.

  • Latinus Media Radio, S.A.
  • Latinus Media Mx, S.A. de C.V.
  • Digital Beacon Programatic
  • BCG Limited Consulting, S.A de C.V.

El titular de la UIF detalló que tanto Digital Beacon Programatic como BCG Limited Consulting, S.A de C.V., son empresas utilizadas exclusivamente como instrumentales, ya que "cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas".

"Esas entidades públicas reciben a cambio, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama", detalló.

Según apuntó, es de esta forma que Latinus ha recibido desde el año 2019 a 2024, 2,437 millones de pesos de gobiernos estatales como Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y de manera indirecta a través de negocios de salud, del Estado de México, Michoacán e Hidalgo, motivo por el cual se investigan sus actividades por presunto lavado de dinero y corrupción.

Pablo Gómez informó además que se detectó un esquema de triangulación de dinero usado por Latinus, el cual incluye el traslado de recursos al paraíso fiscal de Delaware, Estados Unidos.

Según dijo, colaborados de Latinus han recibido pagos desde una cuenta ubicada en Delawere, Estados Unidos, estado que calificó como un paraíso fiscal, por aproximadamente 17 millones de pesos.

Fue así que acusó que Latinus se ha caracterizado por obtener recursos ilegales que no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas y de atención médica.

"Pueden ver también la triangulación con la que 117 de esos millones se ha movido entre las empresas del mismo dueño, y entonces pueden ver claramente dónde están las claves de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente para ocultar procedencia y objeto", apuntó.

"Aquí no hay sobres amarillos, ni recursos de procedencia ilícita", responde Latinus

Luego de que Pablo Gómez confirmó que existe una investigación abierta contra Latinus, el medio publicó una carta en la que acusó "un claro abuso de poder a manera de confesión".

"Gómez justifica la investigación en el hecho de que la empresa está registrada en Estados Unidos y pasa por alto que el medio tiene un carácter binacional. Latinus, al igual que en 2021, invita al gobierno a solicitar a la autoridad de ese país la información financiera que necesita. No tenemos nada que esconder", sostuvo Latinus en un comunicado publicado en el portal.

El medio expresó además que todo se encuentra en regla y rechazó estar cometiendo algún acto ilegal.

"Aquí no hay sobres amarillos, ni mucho menos recursos de procedencia ilícita. El origen y destino de nuestros flujos financieros se ha manejado por vías legales", agrega el comunicado.

Tanto Latinus como el periodista Carlos Loret de Moral han acusado que existe una embestida gubernamental en su contra, la cual incluye investigaciones de años y persecución.

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