La llamada Ley Malena, que tipifica los ataques con ácido, sustancias químicas o corrosivos, ha avanzado en el país, pero todavía no se aprueba en todas las entidades federativas y en varias de ellas aún se consideran estas agresiones como lesiones simples.
A marzo de 2024, solo Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México han tipificado estas agresiones como delito autónomo, bajo la figura de violencia ácida.
Sin embargo, en 13 estados todavía no se describen sanciones o penas específicas para este delito. Esto ocurre en Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, de acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
La falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño. Tampoco permite que los agresores sean sancionados, expone el informe “Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, de la investigadora Irma Kánter Coronel.
Aunque los ataques con ácido sí se consideran un delito en otros siete estados, no se describen como un tipo de violencia de género. Es decir, los catalogan como “delito neutro” en Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo.
Mientras que en Chihuahua y Colima las agresiones con ácido y otras sustancias químicas o corrosivas se tipifican como lesiones calificadas, en Jalisco se consideran delito autónomo.
En los estados de Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, estos ataques se tipifican como agravante del delito autónomo de lesiones cometidas contra una mujer en razón de su género.
La Ley Malena ha sido impulsada por sobrevivientes de ataques con ácido y defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Lleva este nombre por María Elena Ríos, una joven saxofonista de Oaxaca que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019.
Desde entonces, Ríos ha hecho activismo en contra de la violencia hacia las mujeres y ha denunciado públicamente a su agresor y autor intelectual de la agresión, Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI, que ha promovido diversos recursos legales para librar una sentencia.
En México no existe un registro oficial de las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido, pero la Fundación Carmen Sánchez, creada por otra víctima de violencia ácida del mismo nombre, ha documentado, al menos, 105 agresiones de este tipo hasta 2022. El estudio del IBD refiere que el primer ataque con ácido en México del que se tiene noticia ocurrió el 9 de noviembre de 1988 en la Ciudad de México.
La Ley Malena tipifica como delito la violencia ácida ejercida contra mujeres, niñas, niños, personas trans o con discapacidad. Establece penas de 8 a 12 años de prisión contra los agresores y multas de hasta 76,000 pesos.
Si el ataque con ácido provoca daños graves y permanentes a la víctima, y ocurre en un contexto de previa violencia de género, deberá tipificarse como delito por intento de feminicidio. En estos casos, las penas serán de 11 a 46 años de prisión.
