Una investigación de la organización civil Tojil y el diario Reforma reveló que Javier Tapia Santoyo, jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Marco Antonio Ramírez Urbina, coordinador de imagen institucional de dicha institución educativa, están involucrados en un esquema de triangulación de recursos públicos por 3,300 millones de pesos a través de una red empresas fantasma.
Funcionarios del IPN están involucrados en red de empresas fantasma
A Javier Tapia Santoyo y Marco Antonio Ramírez Urbina, funcionarios del IPN, se les acusa de usar una empresa fantasma para triangular y desviar 3,300 millones de pesos.
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En la investigación denominada “El Clan Biomédica: negocios, corrupción y complicidades detrás de la mayor empresa fantasma del sector salud” se señala que tras una denuncia de la Secretaría de la Función Pública y de Raquel Buenrostro, titular del SAT, ambos funcionarios fueron sujetos a una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunto desvío de recursos en 2022.
De acuerdo con los datos contenidos en la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753, se establece una conexión entre Javier Tapia Santoyo y Marco Antonio Ramírez Urbina con la empresa Interacción Biomédica SA de CV, que el propio Servicio de Administración Tributaria (SAT) la identificó desde 2017 como la empresa que facturó operaciones inexistentes en el sector salud.
La investigación señala que en 2018, cuando Javier Tapia Santoyo era director de mantenimiento del hospital 20 de noviembre del ISSSTE en la Ciudad de México, se autorizaron tres contratos a la empresa Biomédica por adjudicación directa por un total de 11 millones 147,000 pesos.
Cuando Tapia fue ascendido como administrador del Instituto Politécnico Nacional también fueron adjudicados contratos a Biomédica y otras empresas fantasma de las cuales Tapia y Urbina también están relacionados como accionistas de manera directa o indirecta.
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