Más de 40 organizaciones civiles demandaron a la Cámara de Diputados avalar un exhorto para que el Ejecutivo federal y los 32 estados del país declaren emergencia climática.
Hace tiempo que las asociaciones han solicitado la declaratoria en la plataforma change.org, donde alcanzaron 25,000 firmas, y con marchas y protestas.
El pasado 10 de octubre, un grupo de diputados de Movimiento Ciudadano retomó su iniciativa y presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a declarar la emergencia climática. En 2019, el Senado de la República aprobó una propuesta similar que no prosperó.
De acuerdo con Méxicolectivo, un grupo de asociaciones a favor de la declaratoria, es urgente que el gobierno federal aborde la crisis climática y tome medidas concretas para proteger a la población y los ecosistemas.
“La declaración de emergencia climática es un primer paso hacia un futuro más sostenible y seguro para México y el mundo”, apuntó el colectivo en un posicionamiento.
Diversos datos y estudios científicos han concluido que el país es altamente vulnerable al cambio climático debido a sus condiciones geográficas, socioeconómicas y a la fragilidad de los ecosistemas naturales.
El aumento de la temperatura, la pérdida de biodiversidad, las inundaciones severas, sequías extremas, lluvias atípicas, huracanes intensos y otros fenómenos naturales presentes con mayor frecuencia en México se asocian con el cambio climático.
En los últimos años varias regiones de México, sobre todo del norte, se han enfrentado a sequías e inundaciones severas. “Es un claro ejemplo de esta vulnerabilidad”, ilustran las organizaciones.
En la iniciativa, los diputados explican que los cambios climáticos y ambientales son los principales riesgos globales de la próxima década, de acuerdo con el reporte anual del Foro Económico Mundial, mientras que la ONU advierte que la era del calentamiento global había terminado para dar paso a “la era de la ebullición global”.
En el caso de México, desde 2018 se emitieron 24 declaratorias de emergencia por diferentes entidades federativas ante las olas de calor de ese año y en 2022 la Comisión Nacional del Agua (Conagua) lanzó un Acuerdo en materia de sequía.
“Declarar la emergencia climática es cumplir con los compromisos legales, locales, nacionales e internacionales por nuestro derecho humano a vivir en un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible”, exponen los legisladores.
El exhorto está pendiente de aprobación en comisiones legislativas, por lo que piden su aprobación las organizaciones civiles, entre ellas Citizens' Climate International, El Consejo-Revista de Ciencias y Humanidades, Alianza para la Defensa Ambiental, Sociedad de Energía y Medio Ambiente FI y Tochán Nuestra Casa AC.
La declaración de emergencia climática demanda al gobierno “entender la urgencia de la situación global; aceptar la necesidad de cambio, y actuar en congruencia”. Es decir, le exige una ruta clara de acción climática y a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Gobernación que “planifiquen, midan, monitoreen, verifiquen y evalúen las políticas y acciones de mitigación, adaptación y resiliencia que deban ser implementadas conforme al efecto e impacto sistémico del cambio climático en el territorio nacional”.
Aunque México ratificó el Acuerdo de París, un tratado internacional sobre cambio climático, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no contiene acciones concretas para su cumplimiento, señalaron.
Desde 2019, al menos seis países (Reino Unido, Irlanda, Portugal, Canadá, Francia y Argentina) y alrededor de 88 ciudades del mundo han declarado emergencia climática en sus territorios. El fin es “visibilizar y fortalecer las acciones de las autoridades para enfrentar el cambio climático, sumando esfuerzos con la sociedad civil”, exponen en la propuesta.
