México es uno de los países con más peligro de enfrentar desastres naturales asociados al cambio climático y este riesgo no es cosa del futuro. Las afectaciones por estos fenómenos ya se registran en distintas zonas del país y en las últimas décadas han impactado, aproximadamente, a 12.3 millones de personas.
Pese a la urgencia de priorizar recursos para la protección del medio ambiente y el combate al cambio climático, el gobierno proyecta recortar 11.4% al presupuesto del sector en 2024.
“No es una asignación de recursos que sea, digamos, acorde a la emergencia climática que te va demandando progresivamente más recursos para poder enfrentar la emergencia”, explica Carlos Asunzolo Morales, gerente de investigación y política pública en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
Entre el año 2000 y 2022, alrededor de 6.2 millones de personas resultaron afectadas en México por el paso de distintas tormentas. Es el segundo país de América Latina y El Caribe, solo por debajo de Cuba, con mayores daños por este fenómeno natural.
Además, México ocupa el quinto lugar de la región con uno de los riesgos más altos de exposición física a ciclones tropicales. También está en el puesto cinco de las naciones con más población impactada por sequías, con 2.5 millones de personas afectadas.
Paradójicamente, el país registra serios daños por inundaciones y, al menos, 3.6 millones de mexicanos han padecido este desastre natural en las últimas dos décadas.
Todos los datos anteriores se han estimado en el informe Panorama de los Desastres en América Latina y El Caribe 2000-2022, publicado en junio de 2023 por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) y por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Como demuestra este reporte, México es uno de los países con más riesgo de enfrentar desastres naturales asociados al cambio climático y las consecuencias de estos ya se viven en distintas regiones del país, con alrededor de 12.3 millones de personas afectadas de 2000 a 2022.
A decir de Asunzolo Morales, esto es consecuencia de la carencia de una política preventiva y de un fondo de recursos que permita reaccionar frente a desastres ambientales provocados por el cambio climático.
“Por un lado México es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. A nivel global se encuentra entre los 10 primeros lugares y a nivel Latinoamérica es solamente el segundo por detrás de Brasil, en términos de emisiones, por ejemplo, de metano. Pero, al mismo tiempo, es un país que se encuentra en una posición de vulnerabilidad alta frente al fenómeno climático”, expone.
Para “salvar vidas y reducir pérdidas económicas” asociadas a los desastres naturales, la ONU ha exhortado a los gobiernos a realizar inversiones públicas y privadas que atiendan esta problemática.
Sin embargo, en el caso de México, el gobierno federal no ha puesto la protección del medio ambiente como una prioridad de su agenda política y económica.
La falta de atención a estos problemas aumentan la posibilidad de mayores daños por desastres naturales y las personas más vulnerables son las más afectadas, advirtió en un comunicado Shelley Cheatham, jefa de la Oficina Regional de OCHA para América Latina y El Caribe.
“En América Latina y el Caribe, los eventos climáticos y sísmicos extremos están ocurriendo en lugares donde la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la violencia son parte de la vida diaria de millones de personas”, declaró.
Para el próximo año, el Ejecutivo federal planea destinar 9,004.8 millones de pesos menos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), encargada de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad; de la gestión integral de los recursos hídricos y del combate al cambio climático.
En 2023, la dependencia tuvo un presupuesto aprobado de 79,250.3 millones de pesos y para el próximo año se prevé otorgarle un monto de 70,245.5 millones de pesos, es decir, 11.4% menos recursos en términos reales, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Se trata del segundo recorte presupuestal a esta dependencia, al menos en términos nominales, que impulsa la actual administración federal. El primero ocurrió de 2019 a 2020, cuando el gobierno pasó de aprobar un gasto de 31,020 millones de pesos a 29,869 millones de pesos.
Dentro del presupuesto de la Semarnat se incluye el gasto del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, encargado de "generar e integrar investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones", según la misión de su portal web.
Este Instituto fue creado con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático y para 2024 se prevé destinar 196 millones 244,130 pesos. Este gasto sería el mayor que el gobierno federal ha destinado en seis años. Sin embargo, es menor al de 2018. Ese año, al Instituto se le aprobó un gasto de 221 millones 420,963 pesos.
Existen anexos transversales, es decir, un programa a través del cual el gobierno federal etiqueta recursos para atender grupos poblaciones o problemáticas específicas y uno de ellos está destinado al combate del cambio climático.
No obstante, en ese anexo se incluyen recursos para la construcción de grandes obras que no se relacionan con el cambio climático o para dependencias que producen energías fósiles.
En el caso del Anexo de los Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, el PPEF 2024 proyecta entregar 125,937 millones 262,357 pesos exclusivamente para el Tren Maya; para Petróleos Mexicanos (Pemex), 1,878 millones 394,012 pesos, y para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 36,872 millones 240,446 pesos.
“Al ponerle esta etiqueta verde al presupuesto, recursos que se supone que tendrían que estar destinados para reducir la vulnerabilidad climática de México, realmente están siendo utilizados para profundizar el uso de un combustible fósil”, señala Carlos Asunzolo Morales, y soy gerente de investigación y política pública en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
A esto se suma que la construcción de Tren Maya genera impactos ambientales, según han documentado académicos de la UNAM, al tiempo que el gobierno lo incluye en la bolsa de recursos de mitigación al cambio climático.
"Nos acercamos a una crisis ambiental y de funciones ecosistémicas en la región a partir no solo del trazo del Tren Maya, sino del conjunto de proyectos, obras de distintos niveles y envergaduras que se están construyendo de manera simultánea", advirtió Sara Cuervo, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
