“Por lo anterior, hacemos un llamado a nuestras compañeras y compañeros a ya no tener miedo a represalias institucionales y legales, a no ser un obstáculo para garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”, demandó la red.
Las sentencias del Máximo Tribunal del país reconocen el acceso al aborto como un tema de derechos humanos y han declarado inconstitucional su criminalización.
Aunque son pasos importantes en el camino de la justicia reproductiva, apuntó la organización, todavía está pendiente despenalizar el aborto en todas las entidades federativas y legislar para que el Código Penal Federal ya no lo considere un delito.
Sin embargo, esto sucede todavía en el país. Tan solo de enero a agosto de 2023 las fiscalías de los estados abrieron 587 carpetas de investigación por el delito de aborto.
Desde 2005 existe la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que establece la obligatoriedad de las instituciones de salud de realizar abortos y dar anticoncepción de emergencia en casos de violencia sexual, pero esta la legislación no se cumple a cabalidad.
Pese a que las agresiones sexuales son frecuentes en el país, algunos hospitales y profesionales de la salud se niegan todavía a interrumpir embarazos. En 2021, por ejemplo, se habrían cometido más de 88 mil violaciones de mujeres. En promedio, cada día habrían sido violadas 243 mujeres mayores de 18 años en todo el país, revela el estudio El panorama de la violencia sexual contra las mujeres en México, elaborado por César Giles, investigador del Instituto Belisario Domínguez (IBD).