“Tomando en cuenta que estos valores pueden cambiar al momento de publicarse las cifras definitivas, en octubre, los datos presentados hoy nos muestran un panorama general presumiblemente alentador pero, pese a estas posibles reducciones, los mismos datos arrojan que la estrategia actual de seguridad sigue teniendo como resultado el aumento de la violencia a nivel local, como en los casos de Colima y Guanajuato”, indicó MUCD.
“Destacamos la urgente necesidad de no perder de vista aspectos de fondo que perpetúan la continuidad de una grave crisis de inseguridad y violencia, vinculada directamente a contexto de alta impunidad”, agregó.
Los datos del Inegi muestran que en 2022, Colima fue la entidad con la tasa más alta de homicidios: 113 por cada 100 mil habitantes, seguida por Zacatecas, con 87, Baja California, con 70 y Guanajuato, con 68. federativas más letales para su población.
“Entendemos que la violencia letal se expresa de forma distinta en cada territorio y es diversa dependiendo de las víctimas, por lo que cada demarcación requiere políticas preventivas basadas en evidencia para garantizar que se atienden sus necesidades específicas”, dijo MUCD.
“En el caso de cada entidad es necesario evaluar la efectividad real de las políticas de seguridad actuales, tendientes a la militarización, pues lo que se requiere, sin duda, son políticas de seguridad ciudadana que prioricen la prevención del delito, así como su adecuada investigación, persecución y sanción; en las que se priorice el bienestar de las personas y sus comunidades, así como el adecuado funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia”, agregó.
Los datos preliminares del Inegi indican que 7 de cada 10 homicidios en México se comenten con armas de fuego.
“Como lo hemos advertido antes: la amplia e indiscriminada disponibilidad de armas de fuego y municiones es uno de los principales determinantes de la inseguridad, la incidencia delictiva y la violencia en México”, señaló la organización MUCD al respecto.
“Es urgente una estrategia nacional de reducción de la violencia armada que incluya registros de armas de fuego confiables que permitan conocer la magnitud del problema; mecanismos efectivos y profesionales de coordinación para el control de armas; políticas públicas de prevención de la violencia armada diseñadas con base en evidencia; y más y mejores programas de desarme”, agregó.
