“En 2014, se habían gastado 811,000 millones de pesos y, prácticamente, después de este año, se había mantenido por debajo de los 800,000 millones de pesos el gasto en programas sociales”, explica Guadarrama.
Pese a que Hacienda estima contar con 131,000 millones de pesos menos en ingresos presupuestarios en 2024, el aumento a la pensión se mantiene. El riesgo es que, para cumplir este objetivo, el gobierno aplique recortes en otras áreas importantes.
La apuesta es recortar el gasto administrativo de las dependencias de la Administración Pública federal, según la SHCP. Sin embargo, advierte Guadarrama, esta política de austeridad ya ha afectado la operación de algunas instituciones.
“Las finanzas públicas continúan presionándose. A pesar del optimismo de la Secretaría de Hacienda, sí vamos a ver un cierre de año complicado y, el siguiente año, en pleno proceso electoral, habrá que ajustar más el cinturón dentro de la administración. No es una buena noticia si consideramos que la austeridad ya está impactando la operación”, advierte.
Otra preocupación es el desbalance en la asignación de recursos para los programas sociales, pues no se considera un presupuesto intergeneracional. Es decir, el dinero se centra en adultos mayores, mientras que el destinado a otros sectores poblacionales, como niñas, niños, adolescentes, madres o emprendedores, expone, queda de lado.
“Nadie está en contra de un programa social que ayuda a este sector de la población, pero no es un presupuesto que esté pensando en futuras generaciones”, resalta.
Las elecciones 2024
Aunque la Secretaría de Hacienda ha hecho énfasis en que los recursos para los programas sociales y las obras prioritarias se mantendrán en este sexenio y, en el caso de los primeros, incluso aumentarán, el experto del IMCO considera que, en el contexto económico actual, esta decisión se relaciona también con las próximas elecciones federales.
“Se da en este contexto electoral un mayor gasto en programas prioritarios. Sin duda, sí hay un riesgo de que se den estos apoyos de forma clientelar”, subraya.
Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas, coincide. La opacidad con la que se ejercen los programas sociales en el actual gobierno aumenta el riesgo de uso clientelar rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.
“La falta de transparencia abre la puerta a usar los programas sociales como ‘moneda electoral’”, ha señalado.
