La CNDH, que dirige Rosario Piedra Ibarra, resalta que con la reforma se disminuirá la "excesiva burocratización del INE" y obligará al organismo encargado de organizar las elecciones a "realizar un ejercicio responsable de los recursos, eliminar prácticas que no por establecidas son indispensables, y sobre todo a entender que el servicio público no es servicio de privilegios sino de una responsabilidad mayor, sobre todo y ante todo en el ejercicio de los recursos públicos".
En el pronunciamiento, la CNDH recordó que al igual que en el INE, en la pasada administración del organismo defensor de los derechos humanos también existió una rebeldía a catar las disposiciones de las normativas de austeridad, bajo el argumento que con ello se violaban derechos, principios y garantías como la igualdad, no discriminación y remuneración proporcional a las responsabilidades, la actual gestión ha demostrado que "no necesitaban sobre sueldo sus altos mandos, ni prestaciones ni bonos, ni un sinfín de excesivos gastos, para ofrecer los resultados que de ella esperaba el pueblo".
"La CNDH no se paralizó ni dejó de hacer su función sustantiva, no se limitó ni se puso en riesgo la defensa de los derechos humanos en el país sino antes bien, se fortaleció y mejoró sus resultados", apuntó.
"En conclusión, el proyecto de Decreto no plantea cambios irracionales atentatorios de la Constitución o de los derechos políticos de la ciudadanía. No se advierte alguna situación derivada del contenido de las normas aprobadas que obligue a presumir que se comprometerá el debido ejercicio de las funciones electorales, pues la afirmación de que así será se basa en especulaciones y no en contrastes directos, objetivos y abstractos con la Constitución Federal", insistió la CNDH.
