El nombramiento de la ministra Norma Luicía Piña llega acompañado de retos para la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La definición de la autonomía frente al Ejecutivo, la Reforma Electoral, la militarización e incluso el escándalo de plagio contra la ministra Yasmín Esquivel son algunos de los puntos a debate con los que arranca el periodo de la primera mujer en encabezar el Poder Judicial.
El primer reto de la nueva ministra presidenta será la definición de la propia autonomía del Poder Judicial de la Federación que al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador enfrentó amenazas, considera Hugo Concha Cantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Han sido años particularmente complicados para esto, solemos ser muy críticos de la presidencia de Zaldívar, pero al final del día él tuvo que lidiar desde que entró con un Poder Ejecutivo que estaba listo para agredir e incluso tratar de modificar la integración y las funciones del Poder Judicial Federal y de la Suprema Corte de Justicia.
“Norma Piña va a tener que mantener como su prioridad –y ella misma lo ha dicho- la autonomía de la institución frente a las posibles presiones o incluso amenazas que el Poder Judicial federal puede recibir por parte de los otros poderes”, dijo en entrevista con Expansión Política.
La presidenta de la Suprema Corte llega en la recta final del sexenio de López Obrador, luego de que los primeros cuatro años estuviese al frente el ministro Arturo Zaldívar, a quien se ha criticado por tener una relación demasiado cercana con el titular del Ejecutivo, apunta Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Debe ser una relación no aislada sino diferenciada, debe ser una comunicación sana entre poderes. El problema fue que Zaldívar más que colaborar parecía que era una correa de transmisión de muchos de los designios de López Obrador. Lo vemos a través de sentencias como la de la Consulta Popular, la Ley de la Industria Eléctrica pero también con su intentona de ampliación de mandato.
“Norma Piña parece que tiene una mano izquierda muchísimo más discreta pero esto no refiere a tener una ministra que se vaya a confrontar con el Ejecutivo y creo que eso habla muy bien de ella”, explica Onofre.
Piña estará a mitad del segundo año de su mandato cuando lleguen las elecciones de 2024, en las que se definirá quién ocupará la silla presidencial hasta 2020.
“Va a tener el reto preponderante de navegar entre dos sexenios; son los dos últimos años de López Obrador y le van a tocar los dos primeros años de la persona que lo suceda. Siendo un cambio de gobierno con distintos matices, va a ser interesante ver el rol que va a jugar en ese sentido”, señala Garza Onofre.
Uno de los temas más relevantes que la Corte deberá resolver a contrarreloj son las impugnaciones en contra de la Reforma Electoral que modifican al Instituto Nacional Electoral (INE) y los órganos electorales locales.
Los ministros deberán determinar si suspenden o no la reforma, frente a las elecciones que en Coahuila y Estado de México tendrán lugar a inicios de junio de este año, mientras para la presidencia será el 2 de junio de 2024.
“Si esto fuera un asunto común y corriente entraría la impugnación, le darían su tiempo y su turno, tardaría muchos meses en resolverse. Pero tenemos un problema: en los transitorios de esa Reforma Electoral se le da un plazo de casi 30 días a las autoridades electorales, básicamente el INE y los órganos locales, para reducir su estructura drásticamente; que corran a un montonal de gente y se queden con una estructura mínima para organizar el proceso electoral que iniciará en noviembre.
“Si la Corte lo deja correr serán hechos dados, es decir, el daño ya se cometió, ya no habrá nada que la Corte pueda resolver”, detalla Concha Cantú.
Con la ministra Piña al frente de la Suprema Corte, deberán resolver también los recursos de inconstitucionalidad sobre la reforma aprobada con la cual se extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028.
“El tema de la militarización, si bien se aprobó que la Guardia Nacional se extendiera un tiempo más bajo la Sedena, están las impugnaciones pendientes contra la reforma o ley que quiere que pase completamente a la Secretaría de la Defensa Nacional”, sostiene Concha Cantú.
Garza Onofre apunta que uno de los retos para la nueva presidenta será la definición de la Suprema Corte frente a la acusación de plagio en contra de la ministra Yasmín Esquivel por su tesis de licenciatura, tema sobre el cual se han enfrentado diferentes versiones. Así mismo, se definirá el futuro político del ministro Arturo Zaldívar, apunta Garza Onofre.
“Por supuesto está el plagio de Esquivel, veremos si van a tomar algunas acciones en la Suprema Corte. También respecto a todos los trascendidos respecto a una posible renuncia de Arturo Zaldívar buscando otro puesto político más adelante”, explica.
