Avanza dictamen sobre uso de FA en tareas de seguridad pública hasta 2029
Durante el debate en la Comisión, diputados de Morena hicieron un reconocimiento al PRI por su propuesta “responsable” que permitirá cambiar la situación de inseguridad que vive el país.
Las reformas sobre la Guardia Nacional y el uso de las Fuerzas Armadas han provocado reacciones a nivel nacional e internacional. (Victoria Valtierra/Cuartoscuro )
En modificaciones al dictamen en lo particular, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó extender ya no hasta 2028, sino hasta 2029, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
A propuesta de la diputada priista Cristina Díaz, Morena, sus aliados y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 27 votos, consideraron ese como el plazo adecuado para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad en tanto se fortalecen cuerpos policiacos civiles.
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En contra, 11 diputados de la oposición rechazaron el nuevo plazo, pues consideraron que no existe ninguna previsión presupuestal ni organizativa que indique que ya esté encaminado el proceso de formación de cuerpos policiacos civiles, ni que el Congreso pueda ejercer su facultad de exigir el cumplimiento de esa obligación constitucional.
Más tarde, el pleno de la Cámara emitió la declaratoria de publicidad al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o Transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional.
Durante el debate en la Comisión, diputados de Morena hicieron un reconocimiento al PRI por su propuesta “responsable” que permitirá cambiar la situación de inseguridad que vive el país.
La iniciativa del PRI avanza, ante las críticas de sus aliados. (Mario Jasso/Cuartoscuro )
En contraste, el panista Jorge Triana puso énfasis en que habrá riesgos de tener fuerzas armadas “súper empoderadas”, pues recordó que el Congreso debe emitir una Ley Reglamentaria en materia de suspensión de garantías, pero esta es hoy inexistente.
“No hay andamiaje legal para saber en qué casos el presidente puede suspender garantías o no, más unas fuerzas armadas sobreempoderadas, desplegadas en territorio nacional sin policías de proximidad fuertes, sin presupuesto en materia de seguridad, se está empedrando el camino, o abriendo la posibilidad de que haya una dictadura militar a futuro.
“No estoy hablando del presente o del mediano plazo, concedo que el actual presidente no tenga esa intención, sino que a futuro”, lamentó.
El panista Humberto Aguilar Coronado cuestionó que con sólo la obligación a rendir un informe y la revisión a cargo de una comisión de diputados y senadores se consideren cumplidos los controles. Esto porque recordó que ya existe una obligación constitucional para que la Guardia Nacional emita informes.
El informe anual de actividades de 2021 presentado en febrero pasado sólo dice que “la Guardia Nacional como institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada continúa avanzando y consolidándose día con día acompañándose del apoyo de las fuerzas armadas”.
Pero se admite en ese informe hay 113 mil elementos, el 84% de los 126 mil proyectados para 2024, que son provenientes de las Fuerzas Armadas, por lo que es “un contrasentido que se le pongan 10 años a la intervención en materia de seguridad pública, dándole todo a las Fuerzas Armadas permanentes”.
Por Movimiento Ciudadano, Salvador Caro Cabrera valoró: “la milicia es muy buena en la guerra, pero no tiene formación ni herramientas para la persecución efectiva del delito, ni estrategias que eviten la inseguridad, se debe ir por una ruta distinta”, pues ni siquiera se le ha dado recursos a policías estatales y municipales.
La propuesta, por tanto, no es de seguridad, sino de impunidad y complicidad, de acuerdo al emecista.
“Es una carta de impunidad al PRI para que sus hampones sigan libres o tengan prisión domiciliaria. Esta reforma no tiene que ver con seguridad, sino con impunidad “.
Por el PRI, la misma Cristina Díaz y Carlos Iriarte insistieron en que no se puede sacar al Ejército de las tareas de seguridad, sin poner en riesgo a estados y municipios, que carecen de cuerpos policiacos.
En la sesión se rechazó discutir la propuesta del emecista Caro Cabrera para que se ampliara el plazo de uso militar en seguridad publica sólo hasta el último día del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hasta 2029.
