Durante su gestión también estuvo a cargo de otros casos como la explosión de la torre de Pemex el 31 de enero de 2013. El 22 de febrero de ese mismo año se realizó la captura de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo Guzmán"; cuatro días después, en el aeropuerto de Toluca, las autoridades aprehendieron a Elba Esther Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), acusada de lavado de dinero.
También estuvo durante el inicio del caso Oceanografía en 2014, cuando Citigroup dijo que Banamex había sido defraudado a través de Oceanografía por 500 millones de dólares.
El funcionario
Jesús Murillo Karam tenía un salario bruto mensual de 205,122 como procurador general de la República. Además, gozó de seguros médicos con cobertura de hasta 295 días de salario mínimo, primas vacacionales y de antigüedad, pagas por defunción, ayudas para despensa de casi 1,000 pesos, así como de seguros de separación individualizados, según consta en el archivo del Portal de Obligaciones y Transparencia.
El suyo fue un despacho de la alta burocracia mexicana, una élite de funcionarios impulsada y defendida por los gobiernos emanados del PRI, pero que se diluyó con la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos en 2021 que ordenó salarios más bajos.
En 2015, fue removido del cargo y se le encomendó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una de las dependencias más agotadas en ese momento de la administración pues ni siquiera había una política agrarista clara por parte del expresidente Peña Nieto. Estuvo ahí de febrero a agosto de 2015.
Ninguna de sus declaraciones patrimoniales es pública por lo que en momentos en que fue detenido por la Fiscalía General de la República (la misma instancia que condujo) no es posible conocer cuál era su fortuna cuando asumió como procurador ni cuánto tenía una vez que se fue después de fabricar la “verdad histórica”.
