Un mes después, el 25 de mayo, DMAS promovió una ampliación de la demanda para incluir actos de la DGIRA: cualquier autorización provisional de obras y proyectos de infraestructura a cargo del gobierno de México, emitida expresamente con base en el Acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, en relación al Tramo 5.
En esta ampliación, la organización añade lo relativo a los tramos 6 y 7, aunque declara bajo protesta de decir verdad que desconoce si existen o no autorizaciones provisionales para estos puntos.
Y como el juez no pudo verificar la certeza de lo reclamado, es decir, no se sabía para entonces si la DGIRA ya había concedido las autorizaciones para ambos tramos, no concede la suspensión provisional en este punto.
En esta resolución, Novelo Pérez ordena rendir un informe previo al director General de Impacto y Riesgo Ambiental –y a las demás autoridades mencionadas–. Y es en su respuesta donde se informa que los tramos 6 y 7 ya cuentan con autorizaciones.
La audiencia incidental, donde se resolverá si se mantiene la suspensión o si se otorga una definitiva se agendó para el próximo 5 de agosto.
Novelo Pérez también resolvió este lunes mantener la suspensión definitiva en el amparo 884/2022, tramitado por buzos para frenar las obras en el Tramo 5 sur, y por lo cual se deberían frenar los trabajos debido a que permanece el riesgo de un daño al medio ambiente que no sea susceptible de repararse si el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) continúa con las obras y porque no se ha presentado el proyecto ejecutivo.
Sin embargo, López Obrador ha desestimado la resolución alegando que el Consejo Nacional de Seguridad decidió declarar como obra de seguridad nacional al Tren Maya, con lo cual pudieron reanudar las obras desde el 13 de julio pasado.
