“Los jueces de distrito se han declarado incompetentes y el asunto está en un tribunal colegiado que decidirá quién es el competente”, dijo.
Moreno presentó el 9 de junio una primera demanda de amparo ante el juez Gabriel Regis López, con sede en la Ciudad de México. Pero este juez se declaró incompetente en razón de que en el territorio donde, se acusa, se cometieron las actuaciones irregulares, fue en Campeche, así que envió el recurso al juez federal Eduardo Gasca de la Peña, del juzgado segundo de distrito en ese estado, pero quien se declaró incompetente.
El 24 de junio, tras la difusión de nuevos audios, promovió una segunda demanda de amparo, ahora directamente ante Gasca de la Peña, pero este “se negó legalmente a conocer y resolver mi demanda”, y se la remitió al juez Regis López, quien previamente ya se había declarado incompetente.
El 29 de junio, al día siguiente de otra serie de audios, promovió otra solicitud de amparo hora ante el juez Javier Páez Díaz, radicado en Aguascalientes, quien también se declaró incompetente.
Por eso el priista acusó ser objeto de persecución política y negativa a la justicia, por razones políticas, pues los jueces “se intimidan” y no se atreven a concederle el amparo.
Sin embargo, el ministro, a quien en calidad de presidente del Consejo de la Judicatura le fue presentada la queja en contra del juez Gasca de la Peña, rechazó que este haya actuado con cariz político.
“Hasta donde tengo conocimiento los jueces están actuando de acuerdo con sus atribuciones, lo que pasa es que cuando hay disputa política siempre hay una parte que sale perjudicada y otra beneficiada. Entonces la parte que se le viene perjudicada dice que hubo intencionalidad política y si la decisión del juez hubiera dicho lo contrario, entonces la parte perjudicada dirá lo mismo”, argumentó.
Zaldívar fue cuestionado en el Senado de la República tras participar en el evento Agenda Legislativa para la prevención de la violencia contra la mujer y el feminicidio.
Dan espaldarazo a “Alito”
En tanto, en bloque la bancada de diputados federales del PRI respaldó a Moreno Cárdenas en su denuncia de que es objeto de persecución política, no sólo por la difusión de audios de sus conversaciones, sino por la forma en que se realizó el cateo de su residencia en Campeche, el lunes pasado, procedimiento encabezado por el fiscal del estado, Renato Sales.
“Reprobamos que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, utilice la fuerza pública y las instituciones encargadas de administrar justicia para realizar un montaje mediático y una persecución política”.
De acuerdo a los legisladores, la violencia ejercida, el uso mediático, la filtración de videos y la intervención del aparato estatal “nos confirman que se trata de una venganza política” y todo porque Morena “quiere silenciar a la oposición y tratar de impedir que los partidos democráticos regresen al poder en 2024”, según el pronunciamiento emitido por la bancada.
“Condenamos enérgicamente el allanamiento ilegal realizado al domicilio de Alejandro Moreno y su familia. Reprobamos la inaudita violencia utilizada en el operativo. Mostramos nuestra extrañeza por el despliegue de fuerza y la presencia en el sitio del fiscal del estado. No hemos visto a ese funcionario atendiendo la creciente violencia que desde la llegada de la señora Sansores se ha desatado en el antes tranquilo Campeche”, destacaron los priistas.
