Y es que en su controversia constitucional 45/2021, el Ejecutivo federal argumentó que la LIE vulneraba el derecho a un medio ambiente sano y a la salud de los habitantes de esa entidad, amén de que se impedía el desarrollo de una política pública que permita el impulso del uso de energías renovables y limpias.
Al considerar tales argumentos como inválidos, la ministra ponente Loretta Ortiz Ahlf expuso en su proyecto que con la entrega de Certificados de Energías Limpias (CEL), se acredita el uso de las fuentes renovables.
Con lo cual, de ninguna manera se le quitan facultades al gobierno de Colima, ya que está establecido que el sector energético fue considerado como un área estratégica del Estado, de ahí que se busca que éste ejerza la función reguladora de la industria eléctrica.
En este marco, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena comentó que, al impugnarse una ley federal, cuyo propósito es la creación de un mercado nacional de generación de energía, “el efecto de invalidez no podría delimitarse a su aplicación al estado de Colima”.
Esto es, que su aplicación “necesariamente debería trascender a todo el territorio nacional”.
