La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes la invalidez de la norma que prohíbe a altos exfuncionarios públicos emplearse en la industria privada, tal como establece la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Por unanimidad de 11 votos, los ministros de la Corte resolvieron que la norma fija un plazo innecesariamente largo (10 años) para que los exfuncionarios de alto mando puedan emplearse en las empresas a las cuales vigilaban o regulaban desde el gobierno.
"La norma establece un plazo innecesariamente largo en comparación con otras medidas alternativas que podrían emplearse, y se dirige a un universo de sujetos que resulta desproporcionadamente amplio, no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto la norma es sobreinclusiva", expuso el ministro presidente Arturo Zaldívar.
En el análisis de la Ley de Austeridad, el pleno de la Corte también resolvió que el Congreso de la Unión sí tiene facultades para legislar en la materia. El argumento es que la "austeridad republicana" es una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución y, a través de ella, habilitar al Congreso para legislar al respecto.
Asimismo, los ministros reconocieron que la ley de austeridad no invade las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
También reconocieron la validez de artículo 1, párrafo 2, de la ley de austeridad, pero con la interpretación de que esta no aplica en otros poderes de la unión ni a organismos constitucionalmente autónomos. Igual que la de los artículos 16 y 26, ambos impugnados por temas de taxatividad.
De esta manera, con algunas modificaciones, se aprobó el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que planteó declarar la inconstitucionalidad de la prohibición por 10 años para que altos exfuncionarios se contraten en empresas privadas.
La Ley de Austeridad fue aprobada en 2019 por el Congreso de la Unión, gracias a Morena y sus aliados legislativos, y en esta se establecen varias restricciones que han sido impugnadas en distintos momentos por funcionarios e instituciones.
Entre esas restricciones destaca eliminar los excesos en el gasto público, la reducción de salarios de los superiores jerárquicos y la prohibición para que los altos exfuncionarios no puedan emplearse en la iniciativa privada hasta 10 años después de haber concluido el encargo.
En febrero pasado, Abel Méndez Corona, juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, consideró que es una medida injusta y excesiva para los exservidores públicos federales porque difícilmente pueden emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñaban.
El asunto llegó a la Suprema Corte luego de una acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Alfonso Delgado, Miguel Ángel Mancera y Emilio Álvarez Icaza.
