“Esta información seguramente la podrán obtener en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, en el Servicio de Administración Tributaria o en la Unidad de Inteligencia Financiera”, comentó el presidente en el Salón Tesorería donde exhibió la carta enviada el 14 de febrero a la titular de INAI, Blanca Lilia Ibarra.
En caso de que el INAI declare incompetencia, agregó, buscará "ejercer su derecho a la libertad de información y expresión" para dar a conocer las facturas y comprobantes sobre los ingresos de Carlos Loret de Mola, que dijo, le hicieron llegar ciudadanos.
La petición del presidente nació prácticamente muerta. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el INAI no puede solicitar datos fiscales o ingresos de un particular a instituciones como el SAT. Aún contando con esa información, el Instituto no podría hacerla pública porque violaría la protección de datos personales.
“El INAI debería declararse incompetente para atender la petición en tanto que no puede resolver si se puede publicar información de facturas, de información un sujeto no obligado”, explica Dante Preisser Rentería, experto en transparencia en entrevista con Expansión Política.
Fundado en octubre de 2002 como Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el INAI es el organismo garante de dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.
Para velar por el primer derecho, el INAI se encarga de que cualquier autoridad, órgano autónomo, partido político, fideicomiso, sindicato o persona física o moral que ejerza recursos públicos entregue la información que un ciudadano solicite. Mientras que para el segundo, busca el uso adecuado de los derechos personales.
