El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) reanudó las tareas de organización del proceso de revocación de mandato e instruyó a sus áreas a proponer nuevas adecuaciones presupuestales para, de ser el caso, gestionar ante Hacienda recursos adicionales.
Pero el consejero presidente el INE, Lorenzo Córdova, alertó que aún siguen indagatorias abiertas en uso antidemocrático de derecho penal, pues –dijo– se criminaliza la diferencia y el ejercicio de las funciones.
De acuerdo con el funcionario, el proceso de la organización de la revocación de mandato presidencial seguirá, pero "a lo imposible nadie está obligado” por lo que ante cualquier escenario debe quedar constancia de que se hará todo lo posible para realizar el proceso tal como establece la ley.
Por eso se realizará un nuevo ajuste presupuestal en el INE y, de ser necesario, se recurrirá a la Secretaría de Hacienda, como ordenó el Tribunal.
“Iremos a la SHCP. Ahora no va a poder contestarnos como otras ocasiones: ´el gobierno federal tiene otras prioridades, hazle como puedas´. Y si luego no hay recursos, se hará con lo que se tenga. Y si hay menos casillas pues habrá menos casillas. Se va a hacer lo que se pueda hacer'", abundó el consejero presidente.
“Si tuviéramos que llegar al extremo, ojalá y no ocurra, de no poder cumplir los parámetros de la ley, que quede constancia de que el INE hizo todo lo que pudo hacer política, jurídica y presupuestalmente para cumplir con la ley, y si no, bueno, a lo imposible nadie está obligado”.
En sesión extraordinaria el INE acató por unanimidad la sentencia emitida la víspera por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que le ordenó otro ajuste a su gasto y, de ser necesario, solicitar una ampliación presupuestal, y los acuerdos del 10 y 22 de diciembre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que se reactivara la organización del proceso revocatorio.
En la discusión, de casi 4 horas, los partidos de oposición respaldaron a los consejeros frente a la denuncia penal que el diputado de Morena y presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso contra seis consejeros y el secretario ejecutivo, recurso que decidió no ratificar ante la Fiscalía General de la República (FGR)
Córdova aseveró que, aunque el legislador reculó, es insuficiente pues siguen indagatorias contra funcionarios electorales.
”Eso no basta porque los delitos contra servidores públicos se persiguen de oficio. Y hoy hay carpetas abiertas y se están haciendo indagatorias. Entonces ojalá esta congruencia con el estado de derecho (desistirse de insistir en la demanda) también abarque a las autoridades ministeriales. (…) Hoy todavía hay carpetas que criminalizan la diferencia y el ejercicio de las funciones de algunos funcionarios públicos”, sostuvo.
Reactivan organización
Con el acuerdo aprobado por los consejeros se reanudaron las actividades de organización del proceso de revocación, aunque la suspensión de estas no tuvo “ninguna afectación real” pues ha continuado la verificación de firmas de solicitantes de ese proceso y la decisión se tomó el 17 de diciembre, último día hábil del INE en este 2022, que reinicia actividades oficialmente el 3 de enero, recordó el consejero Ciro Murayama.
“La revocación de mandato continúa en sus términos”, el proceso “seguirá con los recursos de que hoy se dispone” y se esperará la resolución de fondo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo Córdova.
El consejero presidente del INE insistió en que el Tribunal Electoral fue claro al establecer que el ajuste al gasto del instituo debe hacerse “sin que comprometan la realización del cúmulo de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias y laborales”.
“No vamos a dejar de hacer monitoreo –agregó–, ni de cumplir los derechos laborales que están en ley y en el estatuto y si además de ahí logramos sacar de debajo de las piedras” recursos, así será.
El mes pasado el INE hizo un primer ajuste a su gasto y generó una bolsa de 1,503 millones de pesos –de 3,830 millones de pesos necesarios–, por lo que continuará tareas con esos recursos, en lo que decide nuevas medidas de ajuste.
El 17 de diciembre, al acordar suspender tareas organizativas –lo que ya quedó invalidado por la SCJN-, quedaron en suspenso 157 acciones, en las que están contempladas 49 procesos y 190 actividades específicas, entre ellas generación de documentación y materiales o gestión de sistemas informáticos en materia de organización.
En la discusión hubo fricciones entre los mismos consejeros, y entre los partidos, por el tema de los recursos.
El representante del PRI José Calzada Rovirosa considero que quienes creen que bastará un reajuste de gasto del INE “prácticamente nos están diciendo hagan lo que puedan con lo que tengan”, mientras que PAN y PRD plantearon que la SCHP sí estará obligado a dotar de suficiencia presupuestal
Para el representante de Morena Mario Llergo insistió en que hay espacio para la “austeridad republicana” en el INE, si se toma dinero del fideicomiso para pasivos labores, se eliminan seguros de gastos médicos mayores, el seguro de retiro y otros gastos que consideró onerosos.
Los ajustes que ha hecho el INE hasta ahora son “gatopardismo” sostuvo el diputado federal.
La consejera Carla Humphrey manifestó que no se ha hecho un esfuerzo suficiente de ajuste al gasto del INE y aunque desde el 2020 propuso un plan para rediseño institucional, se rechazó con argumentos parciales
Los consejeros Martin Faz y Adriana Favela también se pronunciaron por más recortes. “Se podían hacer las cosas de manera distinta…nosotros quisiéramos casi hacer una elección presidencial pero no estamos en esa circunstancias, hay que adecuarnos (con) ajustes a rubros que no son totalmente esenciales para este ejercicio”, dijo la consejera.
Pero los consejeros Jaime Rivera y Ciro Murayama insistieron en que si bien se realizará una nueva reasignación de recursos del INE, esto será insuficiente.
Podrían realizarse más ajustes, sin embargo aunque se dice que con ello podríamos tener el dinero suficiente “no estamos hablando de un pequeño déficit sino de una diferencia entre 3, 830 millones de pesos (que se necesitan) y mil 503 millones de pesos (que se tienen).
“Es decir hay una diferencia de 2, 300 millones de pesos y eso no sale de pequeños ahorros ni de economías sobre la marcha…ninguna de las propuestas de ahorro” podrían cubrir el déficit, explicó Rivera.
“Ayúdense pónganle cifra a las propuestas creo yo que va a ser difícil” alcanzar las sumas necesarias, atizó Murayama, a quien Humprey y el representante morenista respondieron que esa es tarea de las áreas del INE.
El consejero advirtió a quienes buscan afectar los derechos laborales que el fideicomiso para el pasivo laboral no debe afectarse, pues la sentencia del TEPJF ordenó no vulnerar derechos laborales.
En su exposición festejó la sentencia del TEPJF, pues mientras que la SCJN ordenó al Instituto realizar el proceso revocatorio con los 1,503 millones de pesos, recursos generados tras un primer ajuste, los magistrados ordenaron que de ser necesario la SCHP, como órgano del Estado, debe también garantizar el proceso.
La Corte “nos obligaba a bajar el número de casillas porque con esos recursos no hay manera de instalar 162 mil casillas”, pero el INE “no es omnipotente para organizar ese proceso, necesita recursos” y así lo previó el TEPJF.
