El exdiputado Mauricio Toledo será extraditado a México, resolvió este viernes la Suprema Corte de Chile, país al que viajó después de perder el fuero con el que contaba como legislador federal.
"El ministro de la Corte Suprema de la República de Chile resolvió a conceder a nuestro país la extradición de Mauricio 'N', quien cuenta con una orden de aprehensión solicitada y obtenida por esta fiscalía, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito", informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Ulises Lara López, vocero de la fiscalía capitalina, indicó que el exdiputado será entregado a las autoridades mexicanas a través del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile y, hasta ese momento, se deberán mantener las medias cautelares.
"Toda y todo servidor o exservidor público está obligado a actuar con honradez y honorabilidad en el ejercicio de sus funciones y quien se aparta de estos principios se enfrentará a la responsabilidades legales que le correspondan", dijo.
"No toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos", afirmó Lara en un mensaje público.
La resolución se da como parte del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, así de la Convención de las Naciones Unidas.
El exdiputado y exdelegado, quien militó en el PRD para después renunciar a su partido y unirse al Partido del Trabajo —aliado de Morena, partido en el gobierno y mayoría en el Legislativo federal—, abandonó México desde el 26 de julio y fue desaforado el 11 de agosto, casi ocho meses después de que la fiscalía capitalina presentara la solicitud a la Cámara de Diputados para procesarlo penalmente.
Toledo es posible responsable del delito de enriquecimiento ilícito, que se le atribuye entre 2011 y 2018 al ejercer cargos públicos como jefe delegacional de Coyoacán y como diputado local en la extinta Asamblea Legislativa (hoy Congreso de la CDMX).
De acuerdo con la FGJCDMX, tras la revisión de las declaraciones patrimoniales presentadas por el exfuncionario entre 2006 y 2021, no corresponden sus ingresos con los bienes que posee, así como el valor de propiedades adquiridas, según dictámenes periciales e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).