El INE optó por esta vía porque, a su consideración, no tiene los recursos necesarios para organizar este ejercicio. Por ello, presentó una controversia ante el máximo tribunal del país.
“La posposición estará vigente hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada en la controversia constitucional presentada por el INE, o cuando la autoridad competente le genere a este instituto las suficiencias presupuestarias originalmente solicitadas para llevar a cabo dicha revocación de mandato conforme a lo previsto en la Constitución y las leyes aplicables”, indica el acuerdo avalado.
El consejero Uuc-Kib Espadas dijo que, incluso si los 11 consejeros renunciaran al 100% de su sueldo —una demanda recurrente de Morena y sus partidarios—, se requerirían 162 años para contar con los 3,800 millones de pesos necesarios para realizar el ejercicio revocatorio. Con ello, se sumó a las voces que desde el INE han criticado el recorte presupuestal contra el INE aprobado por la Cámara de Diputados, por un monto de 4,900 millones de pesos.
“No nos pidan que hagamos remedos de elecciones, aquí cumplimos la Constitución, no caprichos del gobierno en turno”, indicó a su vez el consejero Ciro Murayama.
Más adelante, la consejera Dania Ravel argumentó que posponer la organización de la consulta de revocación es “lo más responsable” que puede hacer el INE debido a las circunstancias que enfrenta.
Por la mañana, en su rueda de prensa diaria, hoy en Tabasco, el presidente López Obrador tachó de “chicanada” que el INE busque poner en pausa la organización del ejercicio revocatorio, una postura que fue respaldada por los representantes de Morena ante el instituto.
