El consejero jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, explicó que este litigio "no atenta contra la Segunda Enmienda, que da derecho constitucional a los estadounidenses a portar armas; aquí estamos demandando por daños en territorio mexicano, donde no rige la Segunda Enmienda sino la ley mexicana, que tiene estricto control del comercio de armas, y un civil no puede comprar armas de fuego de manera legal y regular en México si no es con autorización de dependencias del gobierno".
Además, no se busca solo contrarrestar venta de revólveres, sino de armamento de guerra y equipos de alto poder que vienen a México.
Steve Shadowen, de la firma dedicada a litigios complejos y derechos humanos Shadowen PLLC, uno de los dos bufetes que ayudarán a México, indicó que productores de armas las venden a cualquier persona sin ver antecedentes.
"No queremos estar en una situación en que se presenta la acción legal en México y los productores se quejen de que tienen una desventaja porque no están en territorio nacional o no hagan caso de las resoluciones que emitan jueces mexicanos, por eso estamos presentando esta acción en su casa", dijo.
La académica María De Hass Matamoros advirtió que hoy es un problema de seguridad pública, pero si no se actúa el problema será una amenaza a la seguridad nacional, por lo que la demanda puede representar un cambio de paradigma en México.
En la presentación estuvieron los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, pues, de acuerdo con Ebrard, desde ambas cámaras se trabajará en reformas legales que apoyen esta estrategia legal presentada en Estados Unidos.
Monreal afirmó que se irá "no solo la reparación del daño, sino para evitar que se siga generando esta tragedia de violencia en México", fomentada por el tráfico continuo de armas.
