PUEBLA, Puebla.— Un conflicto familiar en el que están involucrados recursos millonarios y el destino de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) tuvo un nuevo episodio este martes, cuando policías estatales tomaron las instalaciones del plantel en el municipio de San Andrés Cholula.
Aquí presentamos un recuento del caso.
Un actor central de este conflicto es la familia Jenkins. Su origen comenzó con William O. Jenkins, un ciudadano estadounidense que nació en 1878 en Tennessee, se mudó a México y murió en Puebla en 1963, cuando ya era un hombre millonario.
En 1905, él y su esposa, Mary Street, se establecieron en Puebla, donde echaron a andar la empresa textilera de la que surgió su fortuna. Jenkins fue empresario, agricultor y filántropo y se estima que llegó a controlar el 80% de los cines del país.
En 1954, una década después del fallecimiento de su esposa, creó una fundación en su memoria, la Fundación Mary Street Jenkins, para que esta realizara obras de beneficencia a favor de los habitantes de Puebla.
Inicialmente, se encomendó la administración de la fundación a cinco patronos, con él como presidente hasta su muerte en 1963. En su testamento, Jenkins ordenó que todos sus bienes pasaran a ser propiedad de la fundación. No dejó nada a sus descendientes bajo el argumento de que nadie con capacidad de trabajar debe heredar fortunas construidas por otros.
Un grupo de hijos y nietos de Jenkins quedó inconforme con el testamento y entonces se movilizó para apropiarse del dinero de la fundación. Para ello, este grupo contrató a los abogados Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Carlos Román Hernández, hoy prófugos de la justicia.
Guillermo Jenkins de Landa, otro de los nietos de William O. Jenkins, se opuso a lo que hacían sus familiares, quienes en junio de 2013 lo excluyeron de las decisiones en torno a la fundación.
El grupo de la familia inconforme con el testamento modificó los estatutos de la fundación para poder usar todo su capital, no solo los intereses generados. Además, creó otra fundación, Fundación Bienestar de Filantropía, a la que en abril de 2014 transfirió 720 millones de dólares, prácticamente todos los fondos de la Fundación Mary Street Jenkins.
En este proceso, los abogados Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas fungieron como representantes de la Fundación Mary Street Jenkins, y Carlos Román Hernández, como representante de Fundación Bienestar de Filantropía.
En diciembre de ese año, esta última instancia cambió su domicilio fiscal a Barbados, y en noviembre de 2015, a Panamá. A la par, cambió su nombre a Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
La universidad es parte de los bienes de la Fundación Mary Street Jenkins. Sus recursos son administrados por la instancia Consultoría en Administración de Centros Deportivos y Comerciales, creada por el grupo de familiares inconforme y de la cual eran socios Alejandro González Muñoz, Virgilio Rincón Salas y Luis Ernesto Derbez, actual rector de la UDLAP.
Desde temprano, policías de Puebla tomaron control de las instalaciones de la UDLAP. Una instancia que se identificó como nuevo patronato de la universidad señaló en un comunicado que esto es parte de una orden judicial para embargar la institución, luego de que se emitieron órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia Jenkins y sus abogados por un posible fraude por 14,000 millones de pesos.
Por la tarde, Derbez —exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores— dijo en una videoconferencia de prensa que la toma de las instalaciones fue un acto “arbitrario” de parte de un patronato que quiere apropiarse de la UDLAP, sin tener el sustento legal para ello. Agregó que su gestión presentará recursos legales contra esta medida.
En Puebla hay un organismo responsable de vigilar a las fundaciones: la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Beneficencia Privada.
El 23 de junio pasado, en un desplegado, la Fundación Mary Street Jenkins aseguró que decidió salir de Puebla por una supuesta persecución del fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, aunque durante su sexenio (2011-2017) su administración no alertó sobre posibles irregularidades en esta asociación.
Con la llegada de Miguel Barbosa al gobierno de Puebla, se dio seguimiento a las denuncias por anomalías en la fundación, por lo que miembros de la familia Jenkins y otras personas son acusadas de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda. Estas indagatorias están tanto en la Fiscalía General de Puebla como en la Fiscalía General de la República.
A raíz de esto, el 4 de junio se emitieron órdenes de aprehensión contra Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elonia Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, por su posible responsabilidad en un fraude por 14,000 millones de pesos.
Antes, en febrero, se libró otra orden por un posible desfalco por 700 millones de dólares de la fundación.
En este contexto, otros integrantes del patronato de la UDLAP sesionaron el 24 de mayo y decidieron quitar a los Jenkins el control de la universidad, argumentando falta de transparencia y rendición de cuentas.
Así, crearon la Fundación Universidad de las Américas Puebla, con Horacio Magaña Martínez como presidente, y solicitaron el apoyo del Poder Judicial local para tomar con la fuerza pública posesión de los bienes de la universidad, luego de que Derbez se negó a reconocerlos.
Fue el juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez, quien emitió un oficio de ejecución de medida cautelar, documento con el que se presentó el nuevo patronato para asumir el control de la institución.
🔴#Atención🔴 Policías estatales tomaron las instalaciones de la UDLAP, ubicada en San Andrés Cholula, e intentaron desalojar a todo el personal, además de embargar los bienes inmuebles; la institución no ha emitido su posturahttps://t.co/Nqd544uV7h
— Expansión Política (@ExpPolitica) June 29, 2021
🎥Paulina Díaz/ MTP Noticias pic.twitter.com/zuu0OKMRXN
Por la tarde de este martes, en un comunicado fechado en Zapopan, Jalisco, los Jenkins tacharon de “espurio” al nuevo patronato y argumentaron que tienen una suspensión de la justicia federal para impedir que otro grupo tome las riendas de la UDLAP.
“El patronato de la Fundación Mary Street Jenkins acusa que la intervención en la UDLAP es un acto ilegal, autoritario y un atropello grave al Estado de derecho. La violación a la suspensión federal constituye un fraude a la ley”, dice el documento.
Los Jenkins también exigen al gobierno de Puebla “acatar la ley y permitir que estudiantes y docentes continúen con sus actividades”, además de que acusan una “campaña de desprestigio en su contra, que ha derivado en acciones contrarias a la ley”. En su opinión, la Junta para el Cuidado de las Instituciones “está buscando imponer a diversas personas con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución”.
En esa misma línea, en su videoconferencia de prensa, Derbez insistió en que habrá una batalla legal y en que quienes les llevan la contraria carecen de fundamento jurídico para sus acciones, a las que acusó de afectar a una universidad privada de prestigio y a su comunidad.
