Jorge Torres López, exgobernador interino de Coahuila en el periodo de Humberto Moreira, fue sentenciado en una corte federal del sur de Texas a tres años de prisión por el delito de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia de EU informó que Nelva González Ramos, jueza federal de distrito, le dio a Torres López una sentencia de 36 meses.
Jorge Juan Torres López, de 67 años, admitió ante la justicia de EU que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos.
Torres López, de 67 años, fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco, el 5 de febrero de 2019, donde permaneció hasta su extradición a los Estados Unidos el 29 de octubre de 2019.
Debido a que el ex Gobernador coahuilense no es ciudadano estadounidense, al final de su sentencia se espera que enfrente un proceso de deportación hacia México.
Como militante del PRI, inició su carrera política en 1994 al ser designado director de Promoción y Fomento Económico de Coahuila por el entonces gobernador, Rogelio Montemayor
De 2000 a 2002, fue tesorero del ayuntamiento de Saltillo, y de 2003 a 2005 fue contralor del mismo, cuando Humberto Moreira era alcalde.
En diciembre de 2005, cuando Moreira rindió protesta como gobernador, Torres López fue designado secretario de Finanzas, cargo en el que permaneció hasta 2007, cuando asumió la alcaldía de Saltillo en sustitución de Fernando de las Fuentes Hernández. Se quedó ahí hasta diciembre de 2009.
En enero de 2010 volvió al gobierno del estado como secretario de Desarrollo Social, nombrado por Humberto Moreira, y en 2011 asumió la gubernatura interina.
Desde 2016, Jorge Torres era uno de los más buscados por la DEA por sus presuntos nexos con el crimen organizado. Fue detenido en febrero de 2019 en Puerto Vallarta, Jalisco, y extraditado a Texas en octubre del mismo año.
En 2013, el gobierno de Coahuila presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado en contra del exgobernador, por su posible responsabilidad en el delito de lavado de dinero.
Ese mismo año, la justicia de Estados Unidos, en una corte de Corpus Christi, Texas, abrió una investigación sobre 12 casos de manejo de recursos ilícitos y uso de dinero de sobornos en bienes inmuebles y cuentas bancarias.
El monto implicado ascendía a 26 millones de dólares que se relacionaban a Torres y al extesorero del estado, Javier Villarreal Hernández.
Villarreal-Hernández, de 50 años, también ha sido condenado en los distritos sur y oeste de Texas por delitos de lavado de dinero y actualmente está pendiente de sentencia.
