Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del instituto y a cargo de presentar el informe, advirtió que, sumado al desafío que implica la organización de las elecciones, los OPLEs mencionados enfrentan problemáticas en su operación, derivadas de recortes presupuestales, solicitudes de ampliación presupuestal no atendidas y del retraso en las ministraciones mensuales que deberían recibir.
“Por lo que respecta al grupo de organismos electorales en situación más crítica, es decir, de riesgo considerable, éste disminuyó de seis a tres, respecto del informe anterior, pero Aguascalientes y Ciudad de México se mantienen y se incorpora de nueva cuenta el OPLes de Michoacán, al pasar de riesgo moderado a un nivel de riesgo considerable, respecto del informe anterior”, destacó.
En riesgo moderado, se encuentran los organismos locales electorales de Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala, “que se mantienen respecto del informe anterior, se integran a este grupo los de Sonora, Morelos y Nayarit que venían del grupo de riesgo considerable o más sensible”.
En sesión ordinaria semipresencial, el consejero Jaime Rivera señaló que en este año la mayoría de los OPLes han enfrentado dificultades presupuestales que por momentos han puesto en riesgo la realización de los procesos electorales, por lo que el INE ha hecho llamados a diferentes gobiernos locales para corregir estos problemas.
“Hacemos un llamado encarecido y enérgico a los gobiernos de estas entidades federativas a cumplir su obligación constitucional de garantizar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento de las autoridades electorales locales”, señaló.
La consejera Dania Ravel lamentó que a 10 días de la jornada electoral los organismos de Aguascalientes, Ciudad de México y Michoacán, se encuentren con un riesgo considerable para el desarrollo de sus actividades.
“El hecho de que haya institutos electorales locales que no cuenten con el presupuesto necesario para seguir operando es preocupante, porque se pone en riesgo su finalidad constitucional y legal, el tema va más allá de algunas directrices de austeridad que implicarían a lo mejor reducir costos, pero que le seguirían permitiendo trabajar y cumplir con sus obligaciones”, enfatizó.
