La Sala Superior concluyó que el informe del 30 de marzo fue propaganda difundida en tiempos indebidos, porque se realizó cuando los estados de Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora ya se encontraban en campaña.
Los magistrados resolvieron que esto vulneró el artículo 41 constitucional, que prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante ese periodo de contienda electoral.
En contraste, en su resolución del 6 de mayo, la Sala Especializada consideró que la difusión del referido informe no fue propaganda gubernamental personalizada, que no hubo uso indebido de recursos públicos y que tampoco se vulneraron las reglas electorales.
Durante la sesión virtual, la magistrada Janine Otálora consideró que el informe “vulneró justamente la prohibición de difundir propaganda gubernamental en las entidades federativas que ya se encontraban en periodo de campañas el 30 de marzo”.
“(Por ello) coincido en que lo procedente es revocar la resolución impugnada y ordenar a la sala responsable emita una nueva en base a lo expuesto en el proyecto (...) Me parece pertinente mencionar que de la evolución histórica de los informes de gobierno en las constituciones federales de nuestro país, pueden concluirse importantes elementos de su naturaleza, y estos son que debe presentarse ante el Congreso de la Unión, por escrito, una vez al año, y que debe ser analizado por este otro poder de la Federación”.
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