La pandemia no afectó a todos por igual. Si bien hubo retrocesos como país en términos de pobreza y desigualdad, los más vulnerables (mujeres, mayores de 65 años e indígenas, así como personas en situación de pobreza) tuvieron impactos más severos.
Se estima que entre 8 y 10 millones de personas podrían caer en la pobreza debido a la crisis económica creada por la pandemia de COVID-19. Así lo señala el estudio La vacuna contra la desigualdad, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fundar y Oxfam.
Los efectos negativos de la pandemia se vieron reflejados en el entorno laboral y la disminución de ingresos, principalmente en grupos de la informalidad y mujeres por la carga de cuidados, pero también afectaron el acceso a derechos fundamentales como salud y educación.
Respecto del mercado laboral, el estudio señala que 2.1 millones salieron de él; de ellos, 1.2 son mujeres, lo que probablemente se debe a las tareas de cuidado. Aunado a esto está que el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral individual es menor a la canasta alimentaria pasó de 35% a 44% en el primer trimestre de 2020.
“Es un máximo histórico que se tiene con cifras de la ENOE desde 2005”, detalló Diego Vázquez, director de Investigación en Oxfam México, quien expresó que estos recursos laborales son la principal fuente de ingresos de los hogares.
El especialista explicó que los investigadores detectaron que hay una serie de afectaciones en la dimensión en el acceso a derechos sociales. “La seguridad social y la pérdida de seguridad social formal vienen acompañadas de la pérdida de empleo para el sector formal, y quienes laboran en el sector informal o se autoemplean no cuentan con protección social”, dijo.
Asimismo, se detectaron tres grupos en mayor riesgo:
- Mujeres. Viven una crisis más fuerte en el mercado laboral por la carga de cuidados.
- Mayores de 65 años. Son el grupo de mayor riesgo de mortalidad por COVID-19 y gran porcentaje de ellos siguen trabajando, lo que los expone.
- Personas indígenas. Se exacerbaron desigualdades existentes.
Al respecto, los investigadores consideraron que hacen falta políticas públicas para atender a estos grupos, como un sistema de cuidados en el caso de las mujeres, y programas que puedan ayudar a hacer frente a la situación. “Los sistemas de transferencias de efectivo no son suficientes para poder cubrir a estos grupos vulnerables. Se necesitan políticas adicionales”, señaló Vázquez.
El acceso a los derechos
Dos de los sectores más afectados durante la pandemia fueron los de salud y educación, que sirven para que los ciudadanos vivan mejor y, precisamente, puedan salir de la pobreza.
Los especialistas expusieron que el sistema de salud no tiene los niveles de inversión necesarios para enfrentar la pandemia. De acuerdo con el estudio, durante 2020, el presupuesto ejercido en salud se redujo casi 5,000 millones de pesos (mdp), aun cuando la atención de la pandemia requería aumentar el presupuesto del sector salud en 0.94 puntos del PIB para incrementar los recursos físicos y humanos; sin embargo, el presupuesto adicional fue de 0.09% del PIB.
El estudio plantea que, además, se gastarán 35,153 mdp para la compra de la vacuna contra el COVID-19, usando recursos del Fondo de Salud para el Bienestar para las personas sin afiliación social a instituciones públicas y que suelen causar gastos catastróficos.
En educación, Alejandra Macías, investigadora del CIEP, explicó que durante los últimos 10 años se ha gastado entre 3.9% y 3.4% del PIB, cuando se estipula en la ley que debería ser 8%, lo que es una brecha antes de la pandemia y tendrá efectos en el futuro: tan solo 5.3 millones dejaron de ir a la escuela.
“La COVID ha profundizado el rezago que teníamos en salud y educación, y el presupuesto en estos rubros es clave para el bienestar y desarrollo de la población, pensar en un nuevo sistema fiscal para poder generar estos recursos”, dijo.
“Una de las lecciones de la pandemia es que existen tres áreas en donde es necesaria una mayor inversión de recursos: mecanismos de protección social, servicios de salud y el sistema educativo”, señaló Alexandra Haas Paciuc, directora ejecutiva de Oxfam.
La especialista expuso que los apoyos que ha dado el gobierno mexicano no han sido suficientes para prevenir que más personas caigan en pobreza ante la disminución de empleos. “México requiere mejores herramientas de política pública, como seguros de desempleo y programas de apoyo sin seguridad social para enfrentar estas contingencias”, advirtió.
De acuerdo con las organizaciones, la actual crisis hace urgentes reformas fiscales que garanticen que la población con mayores ingresos pague más impuestos, en beneficio de la población con menores recursos, para con ello mitigar las afectaciones por COVID-19.
“El correcto diseño y aplicación de estos impuestos combatiría la concentración de la riqueza y con ello disminuir las desigualdades en nuestro país, incrementando los recursos necesarios para mitigar la crisis actual en equidad de género, salud y educación”, señala el estudio.